La negativa de Mynor Herrera a renunciar como comisionado titular de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene abierto un debate que va más allá de una disputa legal y toca un punto neurálgico de la institucionalidad democrática: los impedimentos legales y la idoneidad de quienes integran procesos clave del sistema electoral.
Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana, fue electo como comisionado titular pese a los señalamientos de que presuntamente ejerce como ministro de culto, una condición que, de confirmarse, constituiría un impedimento legal para integrar dicha comisión, según lo establece la normativa vigente. Este fue el eje central del amparo promovido por el diputado José Chic ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Aunque la CC decidió no otorgar el amparo provisional y permitió que Herrera continúe en el cargo, la resolución no despeja el cuestionamiento de fondo. La falta de un pronunciamiento definitivo sobre si Herrera ejerce o no funciones ministeriales deja abierta una zona gris que afecta la transparencia del proceso.
Amplían amparo contra nombramiento de Mynor Herrera
El caso se tornó aún más delicado cuando Chic amplió el amparo, señalando que la iglesia en la que Herrera presuntamente ejerce como ministro habría eliminado información de su sitio web relacionada con su liderazgo religioso. Este hecho, lejos de disipar dudas, refuerza la percepción de opacidad en un proceso que debería regirse por la máxima publicidad.
A estos señalamientos se suman las publicaciones realizadas por Herrera en 2023, en las que cuestionó los resultados electorales, mensajes que organizaciones civiles consideran incompatibles con el deber de imparcialidad que exige su rol en la comisión postuladora del TSE. Herrera ha restado importancia a esos señalamientos, sin ofrecer una explicación de fondo.
El problema no es únicamente jurídico, es institucional. Mynor Herrera también integra el Consejo Consultivo del Registro Nacional de las Personas (Renap), lo que amplía su influencia en áreas sensibles del sistema democrático.
La continuidad de un comisionado bajo señalamientos de impedimento legal y con antecedentes de cuestionamiento electoral debilita la confianza ciudadana. La legitimidad de los procesos no se construye solo con resoluciones judiciales, sino con la coherencia ética de quienes los conducen.