La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea a los procesos de selección y nombramiento de autoridades judiciales y electorales de 2026 concluyó su tercera visita a Guatemala con un mensaje de preocupación. Aunque reconoció avances en los procedimientos en curso, advirtió haber recibido información creíble sobre posibles intentos de obstaculizar la transición en instituciones que deben renovarse o de favorecer candidaturas vinculadas a actuaciones que socavan la democracia y el Estado de derecho.
Según el comunicado oficial, la Misión valoró positivamente decisiones como la del Congreso de la República de realizar entrevistas públicas para la nominación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, así como la reconsideración de la tabla de gradación por parte de la Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.
No obstante, el pronunciamiento subraya que persisten señales preocupantes. De acuerdo con la Misión, distintos actores estarían intentando influir en el proceso para bloquear la renovación institucional o impulsar perfiles relacionados con acciones que debilitaron el orden democrático, incluyendo intentos de impedir la transferencia pacífica del poder en 2023.
Sanciones de la Unión Europea
Ante este escenario, la Misión recomendó a la Unión Europea analizar con detenimiento la información disponible y, de ser pertinente, hacer uso de las herramientas contempladas en su régimen de medidas restrictivas para Guatemala. Entre estas podría incluirse la revisión y eventual ampliación de la lista de personas, grupos o entidades sujetas a sanciones.
El comunicado también recordó la responsabilidad de los integrantes de las comisiones de postulación, en particular de los decanos de las facultades de Derecho, a quienes instó a ejercer su mandato con independencia, rigor técnico y apego a los principios de idoneidad, capacidad y honorabilidad al momento de votar por los aspirantes.
La elección de magistrados y otras autoridades clave en Guatemala corresponde a procesos de segundo grado, en los que órganos como el Congreso de la República o las comisiones de postulación designan a los funcionarios, en lugar de una votación directa de la ciudadanía. En ese contexto, la Misión enfatizó que la consolidación de instituciones confiables, transparentes y alejadas de intereses antidemocráticos será determinante para fortalecer la estabilidad política, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos, elementos que inciden directamente en la relación entre Guatemala y la Unión Europea.