La elección de nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026–2031 volvió a encender el debate sobre la independencia judicial en Guatemala. En una extensa jornada que se prolongó hasta la madrugada del 6 de marzo, el Congreso de la República de Guatemala eligió a Roberto Molina Barreto como magistrado titular con 100 votos y a Luis Alfonso Rosales Marroquín como magistrado suplente con 117 votos.
Ambos funcionarios ya ocupaban cargos dentro de la máxima corte constitucional, por lo que su designación representa una reelección respaldada por bloques legislativos como Unidad Nacional de la Esperanza, Vamos, Todos, Valor y Cabal, entre otros. La votación se concretó pese al rechazo manifestado por organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos y autoridades indígenas.
Señalamientos contra Molina Barreto
Para diversos sectores, el resultado refleja que la correlación de fuerzas políticas dentro del Congreso terminó pesando más que las demandas de renovación y credibilidad dentro del sistema judicial. Las críticas se han concentrado particularmente en la figura de Molina Barreto, cuya trayectoria ha estado marcada por decisiones que lo sitúan en el centro del debate sobre la independencia de la justicia constitucional.
Uno de los episodios más señalados ocurrió tras el histórico juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, anulado en 2013 por resoluciones que generaron amplio rechazo internacional. Para organizaciones de derechos humanos, ese antecedente continúa siendo un símbolo de impunidad dentro del sistema judicial guatemalteco.
Rechazan reelección de Molina y Rosales
La Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) calificó la reelección como “una ofensa para la memoria de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno”. En un pronunciamiento, la organización señaló que el nombramiento representa un retroceso en la búsqueda de justicia y reparación histórica.
También autoridades indígenas y ancestrales del pueblo maya expresaron su rechazo, calificando la designación como una “elección sangrienta y genocida”. Según sus pronunciamientos, el respaldo de 100 diputados evidencia la continuidad de estructuras de poder que, aseguran, han favorecido la corrupción y la impunidad.
Conformación de la “nueva” CC
Con esta votación, ya se encuentran definidos cuatro de los cinco nombramientos que integrarán la próxima magistratura constitucional que se establece así:
- Elegidos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG): Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo.
- Consejo Superior Universitario de la Usac: Julia Marisol Rivera y José Luis Aguirre.
- Corte Suprema de Justicia: Dina Ochoa y Claudia Paniagua.
- Congreso de la República: Roberto Molina Barreto y Luis Rosales.
El último nombramiento quedará en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien deberá designar al magistrado titular y suplente restantes en Consejo de Ministros. Su decisión será clave para definir el equilibrio final dentro de la corte que tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de las decisiones del Estado durante los próximos cinco años.