El exdiputado Fernando Linares Beltranena, señalado de falsedad material e ideológica y estafa propia, presentó un nuevo amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el que busca impedir que el binomio presidencial, integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, participe en la elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público.
En su planteamiento, Linares-Beltranena argumenta un supuesto conflicto de interés derivado de los antejuicios promovidos por el actual Ministerio Público contra autoridades del Ejecutivo, lo que —según su criterio— comprometería la imparcialidad del proceso.
El exdiputado sostiene que esta situación contraviene la Ley de Comisiones de Postulación y la Ley Orgánica del Organismo Judicial, al considerar que los actores involucrados no cumplirían con el principio de imparcialidad requerido para la selección de candidatos.
Sin embargo, la Constitución Política de la República de Guatemala (artículo 251) establece que el Presidente de la República tiene la facultad de nombrar al fiscal general para un período de cuatro años, a partir de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación, lo que delimita el rol presidencial dentro del proceso.
Buscan que aliado de Porras quede al frente del MP
En el mismo amparo, también se plantea la pretensión de que el fiscal Dimas Jiménez, señalado como cercano a la actual fiscal general Consuelo Porras, asuma la dirección del Ministerio Público, lo que ha generado cuestionamientos sobre el trasfondo político de la solicitud.
Este no es el único intento de frenar la participación del Ejecutivo en la designación del nuevo jefe del MP. Previamente, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presentó otra acción legal en la misma línea, solicitando a la CC que impida al presidente Arévalo nombrar al sucesor de la actual fiscal.
Amparos sin resolver
Hasta el momento, la Corte de Constitucionalidad no ha programado la discusión de estos amparos, los cuales podrían incidir en el calendario del proceso de transición en el ente investigador.
El caso deja en evidencia que la elección del fiscal general se ha convertido en una disputa por el control del Ministerio Público, donde distintas fuerzas políticas y jurídicas buscan influir en el rumbo de la institución en un momento clave para la justicia en Guatemala.