El abogado y analista político Luis Fernando de Paz González presentó una petición dirigida al presidente Bernardo Arévalo y a los diputados del Congreso de la República para que impulsen una consulta popular con el objetivo de disolver de manera definitiva la Corte de Constitucionalidad (CC).
En el documento, De Paz González sostiene que el máximo tribunal constitucional «ha dejado de responder al mandato del pueblo de Guatemala» y asegura que durante años ha sido utilizado para frenar la voluntad popular y proteger intereses particulares.
El profesional argumenta que la actual integración y desempeño de la CC representan una amenaza para la institucionalidad del país y afirma que existe una supuesta «cooptación y sesgo evidentes» en el sistema jurídico guatemalteco.
Con base en el Artículo 28 de la Constitución Política de la República, que reconoce el derecho de petición, solicitó al mandatario y a los legisladores activar un «procedimiento consultivo» para que la ciudadanía se pronuncie sobre la conveniencia de eliminar el tribunal constitucional.
Invoca al Artículo 173 de la Carta Magna
Asimismo, invocó el Artículo 173 de la Carta Magna, el cual establece que las decisiones políticas de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a consulta popular, y mencionó el Artículo 280 relacionado con las reformas constitucionales.
«El pueblo es el soberano. Que el pueblo decida», expresó De Paz González en su escrito, en el que demanda que el Congreso y el Ejecutivo promuevan los mecanismos necesarios para que el Tribunal Supremo Electoral convoque a una consulta ciudadana.
El abogado también calificó a la Corte de Constitucionalidad como una institución «corrupta», señalamiento que forma parte de los argumentos expuestos en su petición.
Hasta el momento, ni el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, ni el Congreso de la República, ni la Corte de Constitucionalidad se han pronunciado sobre la solicitud.
La Corte de Constitucionalidad es el máximo órgano encargado de velar por la defensa del orden constitucional en Guatemala y sus atribuciones están reguladas por la Constitución y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.