Las elecciones de segundo grado en Guatemala continúan bajo el escrutinio de expertos internacionales. Este lunes 13 de julio, el Panel de Expertos Independientes para Guatemala (PEI-GT) presentó un informe en el que advierte que los procesos de designación de altas autoridades del sistema de justicia presentan graves deficiencias, irregularidades y señales de cooptación política que ponen en riesgo la independencia de las instituciones.
Durante una conferencia de prensa, los especialistas de Perú, Chile y México señalaron que el actual marco normativo resulta insuficiente para garantizar procesos transparentes y objetivos, lo que ha permitido interpretaciones discrecionales de la ley y la influencia de intereses políticos en la selección de funcionarios.
Las reglas vigentes han sido manipuladas
La experta mexicana Lorena Delgadillo aseguró que las reglas vigentes han sido manipuladas y que las comisiones encargadas de evaluar a los aspirantes han dejado de priorizar criterios como la honorabilidad y la idoneidad.
«Las normas se interpretan de manera arbitraria y las comisiones han sido cooptadas por intereses políticos. Lo que menos se toma en cuenta es la honorabilidad de los candidatos», afirmó.
Según el informe, incluso personas cuestionadas públicamente o sancionadas internacionalmente obtuvieron algunas de las calificaciones más altas durante los procesos de selección.
Alertan sobre «comisiones paralelas»
Uno de los principales hallazgos del Panel fue la existencia de indicios de «comisiones paralelas», un fenómeno denunciado años atrás por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De acuerdo con Delgadillo, varios integrantes de las comisiones llegaban a las sesiones con decisiones previamente acordadas, limitando el debate y reduciendo la transparencia del proceso.
«Las discusiones eran superficiales porque muchos acuerdos ya estaban definidos antes de las reuniones», explicó.
El informe advierte que estas dinámicas favorecen la captura de las instituciones por redes político-económicas y criminales, debilitando la independencia del sistema de justicia.
Uso indebido del amparo y criminalización
El abogado chileno Jaime Arellano cuestionó el uso que se ha dado a la figura del amparo, al considerar que en algunos casos ha sido utilizado para retrasar procesos de elección o restringir derechos.
Como ejemplo mencionó la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, donde decisiones judiciales alteraron la integración del padrón electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Asimismo, criticó que resoluciones relacionadas con el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos no hayan sido ejecutadas oportunamente, lo que, a su juicio, debilitó la legitimidad de procesos posteriores.
El Panel también manifestó preocupación por la criminalización de operadores de justicia, periodistas y líderes indígenas, al considerar que este contexto desincentiva la participación de perfiles independientes en futuros procesos de selección.
Finalmente, los expertos advirtieron que la próxima elección del Fiscal General y de otras altas autoridades representa una oportunidad para corregir las deficiencias detectadas, aunque insistieron en que será necesario impulsar reformas profundas para fortalecer la transparencia, la independencia judicial y la confianza ciudadana en las instituciones.