La justicia dejó sin efecto una de las medidas que había generado preocupación entre sectores que denunciaron persecución contra operadores de justicia vinculados a la lucha contra la corrupción. La Sala Tercera Penal cumplió la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y anuló las órdenes de captura emitidas contra exfiscales y antiguos integrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Dicho caso fue impulsado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) cuando estaba a cargo de Rafael Curruchiche, sancionado internacionalmente por corrupción judicial y acciones antidemocráticas.
La decisión llega luego de que la CSJ determinara que la Sala Tercera Penal actuó fuera de sus competencias al ordenar las aprehensiones. En su análisis, el máximo tribunal señaló que la emisión de órdenes de captura corresponde exclusivamente a los jueces de primera instancia que tienen a su cargo el control de las investigaciones.
Sala Tercera Penal actuó fuera de sus competencias
El fallo de la CSJ estableció que la Sala debía limitarse a resolver sobre la procedencia de una recusación y no asumir funciones propias de un juez contralor. Por esa razón, ordenó dejar sin efecto la resolución que dio origen a las órdenes de captura.
Como parte del cumplimiento de la sentencia, fueron cancelados los avisos enviados a instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Migración. Además, la Sala determinó que no procedía solicitar alertas internacionales ante Interpol debido a que no se cumplían los requisitos necesarios.
Con esta resolución, las 23 personas perseguidas recuperan las garantías procesales que habían sido cuestionadas durante el avance del caso. El expediente ahora permanece bajo conocimiento del Juzgado de Mayor Riesgo C, instancia a la que fue trasladada la carpeta judicial.
La decisión representa un nuevo capítulo en un proceso que ha sido señalado por organizaciones y sectores vinculados a la defensa del Estado de derecho como un ejemplo de la persecución contra actores que participaron en investigaciones de alto impacto contra estructuras de corrupción.