El caso Odebrecht acaba de recibir otro golpe en los tribunales guatemaltecos. Esta vez no fue una decisión aislada: la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió mantener el beneficio que ya había recibido Manuel Baldizón y, con ello, cerró nuevamente el camino para que el excandidato presidencial enfrente un juicio por los señalamientos que pesan en su contra.
La decisión resulta especialmente cuestionable porque consolida el criterio de la jueza de mayor riesgo D, Abelina Cruz, quien en 2024 decidió sobreseer a Baldizón y sacarlo del proceso.
Cruz concluyó que el Ministerio Público no había presentado pruebas suficientes para sostener la acusación y encontró inconsistencias en el expediente. A partir de ese razonamiento, Baldizón quedó fuera de un caso en el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) lo señalaba de asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo.
Ahora la Cámara Penal ha decidido sostener esa determinación.
Sin explicación jurídica sólida
Y aquí surge uno de los aspectos más delicados: la FECI cuestionó la forma en que se resolvió el recurso que presentó para intentar revertir el sobreseimiento. Según la Fiscalía, no se le dio el trámite correspondiente ni se realizó el análisis jurídico que debía sustentar la decisión.
Si una resolución judicial termina favoreciendo a un personaje vinculado a un caso de semejante relevancia, lo mínimo que puede exigirse es una explicación jurídica sólida, clara y verificable. No basta con cerrar un expediente y dejar la impresión de que el caso simplemente desapareció del escenario judicial.
Odebrecht no fue un asunto menor. La investigación puso sobre la mesa presuntos pagos ilícitos vinculados con contratos estatales y, en el caso de Baldizón, el MP sostuvo que habría recibido sobornos para financiar su campaña presidencial de 2015 y posteriormente favorecer a la empresa.
Ahora, en lugar de que esas acusaciones sean discutidas en un juicio, una sucesión de decisiones judiciales ha terminado beneficiando al acusado.
La última decisión en manos de la CC
La última palabra todavía podría tenerla la Corte de Constitucionalidad, ante el amparo presentado por el Ministerio Público.
Pero el daño a la confianza pública ya está hecho. Cuando un caso de esta magnitud termina cerrado y, además, existen cuestionamientos sobre la fundamentación y el trámite de las decisiones judiciales, la ciudadanía tiene razones para mirar con desconfianza el funcionamiento de la justicia.
Baldizón queda fuera. El expediente se cierra, al menos por ahora. Pero las dudas sobre cómo se llegó hasta aquí siguen abiertas.