Por segunda vez en menos de un año, el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras y ejecutado por Rafael Curruchiche, ha intentado presentar como “avance” lo que no es más que un nuevo episodio de manipulación y encubrimiento en el caso Odebrecht.
El anuncio reciente de órdenes de captura contra subordinados y técnicos, mientras se evita imputar a los principales beneficiarios del esquema de sobornos —como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón— confirma que la justicia en Guatemala se encuentra secuestrada y al servicio de la impunidad.
El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, exiliado tras ser destituido ilegalmente, lo advirtió con claridad:
«Lo anunciado por Rafael Curruchiche no representa un avance real, sino una maniobra para desviar la atención de quienes verdaderamente se beneficiaron de la corrupción». Su denuncia, acompañada de un comunicado oficial, pone en evidencia el doble estándar que guía actualmente a la fiscalía: se criminaliza a los subalternos y operadores técnicos, mientras se protege a figuras con poder político y económico.
La verdadera investigación del caso Odebrecht
El caso Odebrecht fue documentado en 2017 por la antigua FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en un proceso que logró identificar la red de lavado de dinero que canalizó los sobornos pagados por la constructora brasileña a cambio de contratos millonarios.
Fue esta investigación la que condujo a la captura de Alejandro Sinibaldi y al procesamiento de Manuel Baldizón. Pero hoy, bajo el liderazgo de Porras y Curruchiche, los esfuerzos se enfocan en deslegitimar esa labor, persiguiendo a quienes la lideraron y tergiversando los hechos para presentar como responsables a quienes no tenían poder de decisión.
La estrategia es clara: encubrir a los verdaderos cabecillas de la corrupción mientras se utiliza el aparato de justicia como herramienta de persecución selectiva. Curruchiche llegó al extremo de culpar a Iván Velásquez, excomisionado de la CICIG, y a Sandoval, sugiriendo que fueron ellos quienes lideraron una estructura criminal, en un intento desesperado por reescribir la historia y anular los avances contra la impunidad.
OdebrechtLa estrategia del MP de Consuelo Porras
Esta táctica no solo pretende beneficiar a personajes como Baldizón —quien fue condenado en EE. UU. por lavado de dinero— o Sinibaldi —quien por años estuvo prófugo—, sino también enviar un mensaje de intimidación a jueces, fiscales y periodistas: en Guatemala, investigar la corrupción puede costarte la libertad o el exilio.
Consuelo Porras, sancionada internacionalmente por obstrucción a la justicia, ha convertido al Ministerio Público en un instrumento de retaliación. Su administración ha desmantelado las estructuras investigativas que daban resultados y ha reemplazado el combate a la corrupción por montajes judiciales que sólo buscan blindar a las mafias políticas.
Mientras tanto, las víctimas reales —los ciudadanos guatemaltecos— siguen pagando el precio de obras inconclusas, servicios deficientes y un Estado saqueado. La narrativa de justicia que promueven Porras y Curruchiche es una farsa, y el caso Odebrecht, en lugar de cerrar el ciclo de la impunidad, lo ha profundizado.