Guatemala, un país con una historia política marcada por la agitación y la controversia, se encuentra una vez más en el epicentro de una tormenta que pone en riesgo la democracia guatemalteca. Después de la conclusión de las elecciones generales, una serie de acontecimientos inquietantes han dejado a la nación en un estado de incertidumbre política. Detrás de esta crisis se encuentran figuras clave del Ministerio Público (MP) y del sistema judicial, cuyas acciones han creado una crisis política y electoral.
Desde hace casi tres meses, Guatemala ha sido testigo de una crisis política y electoral que parece estar orquestada por jueces del Organismo Judicial y fiscales del MP. Estos actores han desencadenado una serie de eventos que han sacudido la estabilidad política del país y han generado preocupaciones sobre el estado de la democracia en Guatemala.
El rol decisivo de los jueces
Dos jueces en particular, el juez Sergio René Mena Samayoa y el juez Fredy Orellana, han sido los protagonistas de esta crisis. El primero ha mantenido tras las rejas a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, mientras que el segundo ordenó la suspensión del partido ganador de las elecciones presidenciales. Estas decisiones judiciales han generado controversia y han alimentado las sospechas de que están siendo influenciadas por motivos políticos.
Además, el juez Jimmi Bremer ha ordenado la investigación de periodistas y ha enviado a prisión a la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia Gónzalez, lo que ha llevado a acusaciones de criminalización de exfiscales anticorrupción.
Consuelo Porras a la cabeza
Por otro lado, los fiscales involucrados en esta crisis son liderados por Consuelo Porras, la fiscal general y jefa del Ministerio Público. Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Cinthia Monterroso de la FECI y Noé Rivera, fiscal de Asuntos Internos, también han desempeñado un papel importante en esta situación. Estos fiscales han dirigido casos contra una serie de figuras prominentes, lo que ha generado preocupaciones sobre su independencia y sus motivaciones.
Así comenzó la crisis
La crisis comenzó a tomar forma después de las elecciones generales que se celebraron en Guatemala el 25 de junio. El resultado inesperado de estas elecciones, que llevó al líder del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, a la segunda vuelta junto a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), marcó el inicio de la controversia.
El 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la publicación oficial de los resultados electorales, lo que generó confusión y dudas sobre la legitimidad de las elecciones. A pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) finalizó su proceso de revisión y confirmó los resultados, estos no se hicieron oficiales, lo que aumentó la incertidumbre.
El 12 de julio, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, bajo la dirección del juez Orellana, ordenó al TSE suspender la personería jurídica del partido Movimiento Semilla. Esta decisión se basó en acusaciones presentadas por Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, y fue vista por muchos como un intento de sabotear el partido previo a la segunda vuelta presidencial.
La FECI acusó a Semilla de haber adjuntado firmas falsas para completar su proceso de inscripción en 2019, pero cabe destacar que fue Bernardo Arévalo quien denunció esta situación mucho antes de las elecciones. Sin embargo, el MP no tomó en serio la denuncia en ese momento y solo la retomó cuando Semilla avanzó a la segunda vuelta.
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El 20 de agosto, el binomio presidencial de Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, ganó las elecciones presidenciales. Sin embargo, después de estas elecciones, la fiscal general intensificó su presión sobre el TSE y otras instituciones electorales. Solicitó el retiro de inmunidad de tres magistrados del TSE y del director del Registro de Ciudadanos, además de solicitar información sobre todas las personas que integraron las juntas electorales.
Como resultado de estas presiones, se suspendió provisionalmente la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, y la Junta Directiva del Congreso desconoció arbitrariamente a la bancada de Semilla y declaró a los congresistas de dicho partido como diputados independientes.
Sin embargo, posteriormente, los magistrados del TSE revocaron la suspensión de Semilla y entregaron las credenciales a su binomio presidencial ganador.
Porras busca defenderse
Aunque semanas antes y mediante una solicitud de Amparo ante la CC, la fiscal intentó silenciar la crítica alegando intimidación en redes sociales, ésta fue denegada y se mantuvo en silencio hasta el 5 de septiembre cuando anunció que daría una conferencia de prensa.
Esta acción suscitó expectativas de un posible cambio de rumbo por parte de Porras, dada la creciente presión pública y las manifestaciones que habían estallado en todo el país exigiendo su renuncia, así como la de otras figuras mencionadas en este artículo.
Sin embargo, la conferencia de prensa de Porras no cumplió con las expectativas. A pesar de las acusaciones de golpe de Estado y las preocupaciones sobre la independencia del MP, Porras negó cualquier intento de golpe y calificó las denuncias como una «campaña de desprestigio y desinformación». Afirmó que la función del MP es investigar y que una investigación nunca puede dar lugar a un golpe de Estado.
La conferencia de prensa se caracterizó por un retraso de más de dos horas, y Porras apenas proporcionó detalles sustanciales. Los periodistas presentes fueron reubicados sin explicación aparente, no se les permitió hacer preguntas y se bloquearon los comentarios en las redes sociales.
Guatemala en el ojo del mundo
En resumen, la crisis política y electoral en Guatemala tiene múltiples actores y factores en juego. Los jueces del Organismo Judicial y los fiscales del MP han desempeñado un papel importante en la agitación política que ha sacudido al país, pero también la cúpula empresarial. A medida que la nación continúa lidiando con esta crisis, la transparencia y la independencia de las instituciones judiciales y del Ministerio Público son temas cruciales que deben abordarse para restaurar la confianza en el proceso democrático en Guatemala. La sociedad guatemalteca, así como la comunidad internacional, observan con atención y preocupación los acontecimientos en este país centroamericano.
La comunidad internacional, incluidos los organismos multilaterales y las organizaciones de derechos humanos, también desempeña un papel importante en el apoyo a Guatemala en este momento crucial. La presión diplomática, las misiones de observación electoral y la asistencia técnica pueden contribuir a garantizar que se respeten los principios democráticos y se encuentre una solución pacífica y justa a la crisis.