Guatemala está viviendo una realidad surrealista y el colmo del descaro. Manuel Baldizón, un político condenado por corrupción en EE. UU., deportado y quien recibió más de US$1 millón en sobornos en caso Odebrecht intenta ser querellante adhesivo contra exfiscales que investigaron su caso de corrupción. Hasta este punto han llegado las actuales autoridades del Ministerio Público (MP) al país.
El abogado de Baldizón, Saúl Zenteno, declaró a periodistas que Baldizón busca se acreditado como querellante en los casos que el MP ha iniciado contra exfiscales, exmandatarios de la CICIG en el país y abogados, por suscribir un acuerdo de cooperación con los hombres que le dieron dinero a Baldizón para que se aprobara un préstamo para construir una carretera.
Lo irónico del caso es que Baldizón habría recibido hasta US$1.3 millones para que la obra avanzara y no fuera detenida en el Congreso donde Baldizón era diputado y tenía una bancada numerosa de diputados.
Ahora, el colmo es que Baldizón intentará atacar a quienes el MP acusa de haber firmado convenios de colaboración ilegales, aunque en toda Latinoamérica manejaron la misma mecánica para el escándalo de Odebretch, entre ellos Colombia, Perú o Panamá.
Entre la acusación del MP al frente de Curruchiche, se encuentra el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; los exagentes fiscales Amy Girón y Rudy Herrera, la exfiscal general Thelma Aldana; Mayra Veliz, exsecretaria del MP y David Gaitán, exmandatario de la CICIG.