Han pasado casi ocho años desde que el Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron el caso “Caja de Pandora”, considerado uno de los esquemas de corrupción más complejos en el país. A la fecha, el proceso judicial continúa abierto, marcado por retrasos, impugnaciones y resoluciones que mantienen vigente un expediente emblemático.
La investigación fue presentada en octubre de 2017. Según la CICIG y la antigua Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la red operaba con múltiples frentes ilícitos que incluían:
- Traslados irregulares de reos en el Sistema Penitenciario.
- Contratación de plazas fantasma en la Municipalidad de Guatemala y en otras dependencias.
- Uso indebido de fondos públicos municipales, que habrían servido para actividades políticas y propaganda partidaria.
- Sobrefacturación y facturas falsas para justificar egresos municipales.
Byron Lima Oliva dirigía gran parte de la estructura
De acuerdo con las pesquisas, Byron Lima Oliva, excapitán del Ejército asesinado en la cárcel Pavón en 2016, dirigía gran parte de la estructura desde prisión. También se señaló al entonces alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen (fallecido en 2018), acusado de haber utilizado recursos de fideicomisos municipales para financiar actividades del partido Unionista.
El expediente involucra a exfuncionarios municipales, militares, abogados y familiares de Lima. Entre los nombres más relevantes aparecen:
- Moisés Galindo, abogado y militar retirado.
- Howard Yang Luke, exdirector de Emetra.
- Luis Lima, hermano de Byron Lima.
- Alejandra Saraí Reyes Ochoa y Reyna Elizabeth Ochoa Barrios, beneficiadas con plazas y favores vinculados a la estructura.
Varios de ellos enfrentan cargos por delitos como asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico de influencias y peculado por sustracción.
Avances judiciales y tropiezos
En 2017, al menos 13 de los 16 detenidos fueron ligados a proceso penal. Con el paso de los años, algunos han obtenido medidas sustitutivas o arresto domiciliario, mientras el caso ha enfrentado constantes retrasos procesales debido a recusaciones de jueces, apelaciones y cambios de tribunal.
Uno de los hitos recientes ocurrió en abril de 2024, cuando Howard Yang fue enviado a juicio por plazas fantasma durante su gestión en Emetra.
Posteriormente, en mayo de 2024, la Sala Segunda de Mayor Riesgo otorgó un amparo a Moisés Galindo, retirando su expediente del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, bajo el argumento de que no se había solicitado correctamente la competencia de alto impacto.
Ya en agosto de 2025, la Corte de Constitucionalidad (CC) volvió a favorecer a Galindo al otorgarle un amparo que ordena revisar impugnaciones sobre la validez de pruebas aportadas por la CICIG. La defensa busca dejar fuera peritajes y testimonios presentados por la comisión, alegando que no se ajustan a la normativa procesal guatemalteca.
Caja de Pandora, aún sin sentencia
A casi una década de su revelación, el Caso Caja de Pandora sigue sin sentencias firmes. Aunque varios implicados han sido enviados a juicio, el proceso se mantiene enredado entre recursos legales y disputas sobre la competencia jurisdiccional.
Para analistas de justicia, se trata de un expediente clave para entender la relación entre corrupción política, financiamiento ilícito y redes criminales dentro del Estado guatemalteco. Sin embargo, el paso del tiempo, la muerte de actores centrales y la fragmentación del proceso han debilitado el impacto inicial del caso.
Hoy, el caso simboliza tanto el alcance de las estructuras de corrupción descubiertas por la CICIG como las dificultades del sistema judicial guatemalteco para llevarlas a sentencia. Las recientes resoluciones de la CC mantienen vivas las expectativas de que el expediente continúe, pero también reavivan dudas sobre si finalmente habrá condenas o si, como ha ocurrido con otros procesos emblemáticos, se diluirá entre recursos legales y el desgaste del tiempo.