Agrupaciones sociales hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, para que observe la situación del país en cuanto a la negativa del Congreso para elegir Cortes y se pronuncie en este sentido para instar al Estado de Guatemala a cumplir con su mandato constitucional sobre el principio de alternancia en el poder judicial.
En la carta, plantean cómo la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público develó una red de tráfico de influencias organizada para cooptar la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones en la cual se encuentran involucradas personas que aspiraban a optar dichos cargos para el período que comprendía del 2019 al 2024.
Ante la inminente amenaza de que personas de dudosa idoneidad ocuparan tan importantes cargos, el Ministerio Público planteó una acción de Amparo que detuvo el proceso. El 6 de mayo la Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar la acción de Amparo y propuso soluciones sustentadas en la propia constitución, tales como instar a una reforma del proceso para la integración de cortes.
También se hizo ver que la Corte de Constitucionalidad estableció tiempos y parámetros que el Congreso debía aplicar para su elección, entre ellos que se excluyeran del listado a profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estuviera comprometida, sin embargo tal resolución ha sido desobedecida por el Congreso de la República y el Ministerio Público ha quedado inmóvil sin realizar las acciones pertinentes para que dicha resolución se acatada y procedan a integrar las cortes.
Según la cronología de estos hechos, el 13 de octubre de 2021 se habrían cumplido dos años desde que la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones debieron reemplazarse, sin embargo el Congreso de la República ha generado múltiples excusas para evitar elegir y sobre todo excluir a aquellos postulantes que no cumplen con los requisitos de idoneidad y honradez.
Finalmente hicieron ver que la no renovación de las altas cortes atenta contra los principios democráticos y principalmente limita el derecho de las y los ciudadanos de contar con un sistema de justicia que garantice la imparcialidad y la independencia.
