En 2018, un escándalo sacudió al sistema judicial guatemalteco cuando se reveló que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, intentó influir en las decisiones de un juez sobre el caso IGSS-PISA, en el que su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, estaba implicado. La denuncia fue realizada por el exjuez Carlos Giovanni Ruano Pineda, quien, al sentirse presionado, grabó la conversación con la magistrada para contar con pruebas de la reunión.
En la grabación, Stalling expresó su sentir como madre, pidiendo a Ruano que agilizaran el proceso del caso de su hijo, quien llevaba más de un año detenido sin que se iniciara el debate. A pesar de asegurar que no pedía nada ilegal, la magistrada sugirió que el exjuez colaborara con otros jueces para acelerar el caso. También subrayó la importancia de profundizar en el estudio del expediente y enfatizó que su objetivo era evitar que un inocente fuera condenado.
Cicig validó pruebas contra Blanca Stalling
El caso alcanzó una nueva dimensión cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) validó la existencia de la grabación, lo que permitió que la denuncia fuera tomada en cuenta por las autoridades. Sin embargo, a pesar de las pruebas, la situación de Stalling y su hijo se convirtió en un símbolo de la corrupción y la falta de independencia dentro del sistema judicial de Guatemala.
El 8 de febrero de 2017, Stalling fue detenida en la zona 9 de la ciudad de Guatemala, luego de intentar ocultarse bajo una peluca pelirroja en un intento por eludir a las autoridades. La magistrada, acusada de tráfico de influencias, fue arrestada en una abarrotería después de que el Ministerio Público (MP) y la CICIG presentaran, el 11 de enero de ese mismo año, una solicitud para retirarle el derecho de antejuicio. La detención de la exmagistrada representó un paso importante en la lucha contra la impunidad en el país.
Stalling fue incluida en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que señala a personas involucradas en corrupción significativa o en la erosión de la democracia en la región.
Juez en el exilio
El escándalo también llevó a la huida de Ruano, quien se exilió debido a las amenazas que recibió tras su denuncia. Sin embargo, en los años siguientes, la magistrada fue reinstalada en el pleno de la Corte Suprema de Justicia como Vocal VII de la Cámara Civil. El pleno también ordenó que se le realizaran los pagos que dejó de percibir desde 2017, cuando fue separada del cargo.
Además, su caso ha sido señalado como un ejemplo de la influencia de figuras como el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, quien ha sido cuestionado por su papel en garantizar impunidad en casos de alto perfil.
El caso de Blanca Stalling sigue siendo un ejemplo de la vulnerabilidad del sistema judicial ante los intentos de influencias externas y la lucha por la transparencia en la justicia. Aunque la magistrada ya no ocupa su puesto en la CSJ, el escándalo sigue siendo un recordatorio de la importancia de la independencia judicial y el trabajo de instituciones como la CICIG, que intentaron frenar la impunidad en el país.