En junio de 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) revelaron uno de los casos más contundentes de corrupción en el Ministerio de Gobernación: el caso Patrullas. La investigación destapó una red criminal que operó entre 2012 y 2014 dentro de la Policía Nacional Civil (PNC), dirigida por altos funcionarios y empresarios que sustrajeron fondos públicos simulando compras y reparaciones para autopatrullas.
El modus operandi consistía en evadir los procesos públicos de licitación y recurrir a compras directas con empresas vinculadas a la estructura criminal. Estas acciones generaron un millonario desfalco al presupuesto estatal y afectaron directamente la operatividad de la institución policial.
Primeras condenas y hallazgos clave del Caso Patrullas
En febrero de 2019, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal condenó a 12 personas por delitos como asociación ilícita, fraude y lavado de dinero. Entre los sentenciados destacaba Héctor Florentino Rodríguez Heredia, ex subdirector de Apoyo y Logística de la PNC, quien recibió 26 años de prisión. Otros condenados fueron exjefes policiales, asesores y empresarios, con penas entre 6 y 20 años.
Un mes después, en marzo de 2019, se emitió otra sentencia relevante: el exministro de Gobernación durante el gobierno del Partido Patriota, Mauricio López Bonilla, fue condenado a 8 años de prisión por su implicación directa en el caso.
Extinción de dominio
El 25 de febrero de 2021, la Fiscalía de Extinción de Dominio entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) 14 propiedades vinculadas a Rodríguez Heredia. Entre los bienes estaban una casa de playa con 19 ambientes y piscina, así como propiedades en la capital, Mixco, Fraijanes, San Lucas Sacatepéquez y Puerto San José. Estos inmuebles evidenciaron el enriquecimiento ilícito derivado de los actos de corrupción.
Retrocesos judiciales
A pesar de los avances iniciales, en mayo de 2023 la Sala Segunda de Apelaciones ordenó repetir el juicio contra nueve de los condenados, alegando que las sentencias previas no estaban suficientemente fundamentadas en pruebas. Este fallo benefició a Mario Ovando, Dirk Zea, Bayron Regalado, Elvia Cabrera, Aura Chic, Fredy García, Gaby Regalado, Audrey Gutiérrez y Juan Carlos Oliveros.
La Sala también dejó abierta la posibilidad de que algunos procesados solicitaran libertad anticipada por trabajo y buena conducta, una medida que favorece a figuras clave de la estructura criminal.
Justicia cooptada y silencio actual del Caso Patrullas
En enero de 2024, Rodríguez Heredia recuperó su libertad condicional, a pesar de haber sido condenado por delitos graves de corrupción. Esta decisión reflejó el deterioro del sistema de justicia, especialmente bajo el mandato de Consuelo Porras como fiscal general, cuya gestión ha sido señalada por encubrir redes de impunidad y debilitar los procesos judiciales impulsados por la FECI y la CICIG.
A mediados de 2025, el caso Patrullas permanece en una especie de limbo. No hay información pública sobre el avance del nuevo juicio ordenado por la Sala de Apelaciones, lo que alimenta sospechas de estancamiento judicial y protección a estructuras corruptas. El retroceso en este caso emblemático representa un golpe a los esfuerzos por combatir la corrupción y refleja cómo una justicia cooptada puede revertir años de avances.