La Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, no dejó lugar a dudas: el Ministerio Público (MP) de Guatemala, bajo el mando de Consuelo Porras, ha operado con una política sistemática de criminalización contra quienes luchan contra la impunidad y la corrupción. Así lo afirmó en un demoledor informe tras una visita oficial de 12 días al país, invitada por el Gobierno de Bernardo Arévalo.
“La información que he recibido demuestra que el Ministerio Público ha implementado una política de criminalización”, declaró Satterthwaite en una conferencia de prensa, tras reunirse con operadores de justicia, sociedad civil, autoridades indígenas y representantes del Estado. Esta persecución, dijo, tiene objetivos claros: fiscales, jueces, periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Pero el señalamiento más grave no se quedó en generalidades. La relatora identificó patrones específicos: más de 60 denuncias penales del MP contra operadores de justicia, muchas de ellas basadas en acusaciones vagas, repetitivas y carentes de relación concreta con los hechos. Además, denunció un uso indebido del sistema judicial, en el que las víctimas de la persecución penal son enviadas sistemáticamente ante un reducido grupo de jueces, reforzando la percepción de manipulación política dentro del Organismo Judicial.
Porras desenmascarada
Satterthwaite también abordó su encuentro con la fiscal general Consuelo Porras, quien se presentó ante ella como víctima de acoso y persecución del actual Gobierno. “Sin embargo, los hechos apuntan a una realidad muy distinta”, respondió con firmeza la relatora, dejando en evidencia la narrativa de victimización promovida por Porras, que no resiste el peso de las pruebas reunidas.
La radiografía es contundente: el Ministerio Público, dirigido por una funcionaria sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, se ha convertido en una herramienta de represión institucional. Su cúpula, blindada por la cooptación de la justicia y la falta de rendición de cuentas, ha encarcelado a decenas de voces críticas.
Entre quienes permanecen en prisión como presos políticos, según organizaciones nacionales e internacionales, se encuentran el periodista José Rubén Zamora, el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, el viceministro de Seguridad Luis Pacheco, el abogado Gustavo Masaya y el líder indígena Héctor Chaclán. Todos ellos, figuras que, en lugar de ser protegidas por su labor a favor de la transparencia y los derechos humanos, han sido convertidas en blancos del sistema.
Informe de relatora incluye recomendación directa al Gobierno
El informe de la relatora también incluyó una recomendación directa al Gobierno de Guatemala: implementar la sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de realizar una revisión independiente del Ministerio Público. En otras palabras, abrir la puerta a una depuración institucional, ante la evidente falta de independencia, legalidad y justicia en la actual gestión.
La visita de Satterthwaite abarcó no solo reuniones en la capital, sino también en Quetzaltenango y Alta Verapaz, donde pudo constatar la profundidad del daño causado por la criminalización y el autoritarismo judicial.
Consuelo Porras, aferrada al cargo pese a los señalamientos, se ha convertido en el símbolo del deterioro de la justicia en Guatemala. Su gestión ha arrastrado al país a una crisis institucional donde el sistema legal es usado como arma política. Con este informe, la comunidad internacional no solo constata lo que múltiples voces dentro del país han denunciado desde hace años: el Ministerio Público bajo Porras no persigue el crimen, lo fabrica.
Lo que queda ahora es una incómoda pero urgente pregunta: ¿cuánto más resistirá la democracia guatemalteca bajo el yugo de una fiscalía que castiga a quienes buscan justicia?