El 9 de julio de 2015, Guatemala volvió a estremecerse por un nuevo escándalo de corrupción: el caso Redes. La investigación, revelada en conjunto por la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), expuso una red de tráfico de influencias que salpicaba a funcionarios públicos, empresarios, particulares y al juez José Luis Patán Piché. En el centro de la trama aparecía César Augusto Medina Farfán, ex viceministro de Energía y Minas y “gestor con influencias” vinculado a múltiples actores de poder.
El caso nació como una extensión del caso La Línea, que reveló una estructura criminal en las aduanas del país. En el caso Redes, el MP identificó la existencia de un depósito aduanero privado en las cercanías de Puerto Quetzal, creado con documentos alterados. La póliza, que debía respaldarse por US $5 millones, fue sustituida por una de solo Q5 millones. A través de ese mecanismo, los implicados habrían facilitado la evasión de impuestos y cobrado sobornos para agilizar trámites, según la investigación.
Uno de los hechos más graves fue la supuesta manipulación de un proceso judicial. Ya existía una denuncia por esta estafa, pero los involucrados habrían recurrido al juez Patán para lograr que fuera desestimada. La red, según CICIG y el MP, tenía alcances profundos que reflejaban el funcionamiento interno de las estructuras de corrupción incrustadas en el Estado.
Caso Redes ha colapsado
Sin embargo, años después, el caso Redes ha colapsado ante los tribunales. En agosto de 2024, el Juzgado Quinto Penal cerró el proceso contra todos los implicados. La jueza Aurora Gutiérrez determinó que el expediente supuestamente acumulaba “errores graves” desde el inicio de la investigación: múltiples correcciones a la acusación, pruebas presuntamente alteradas y violaciones al debido proceso.
La magistrada advirtió que el cúmulo de irregularidades se convirtió en una amenaza seria a la integridad del proceso y cuestionó la objetividad con la que se había manejado la causa. Así, figuras como César Medina Farfán, Filadelfo Reyes Cáceres, Gustavo Martínez Luna, Karen Cancinos Muñoz, Edwin Roldán Solares, el juez Patán Piché y Carlos Muñoz Roldán fueron liberados de toda responsabilidad penal.
Uno de los últimos en enfrentar juicio fue Carlos Pinzón, exjefe de recursos humanos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El MP pidió en abril de 2025 una condena de 13 años de prisión por asociación ilícita, cohecho pasivo y tráfico de influencias, por supuestamente facilitar contrataciones que favorecieran a la red. Sin embargo, fue absuelto semanas después, al no encontrar pruebas suficientes que vincularan sus acciones con los delitos acusados.
Retroceso en la justicia
Este retroceso ilustra un patrón cada vez más frecuente durante la administración de la fiscal general Consuelo Porras: la desarticulación paulatina de los grandes casos de corrupción revelados por CICIG y la antigua FECI entre 2015 y 2019. En lugar de avanzar en el combate a las redes ilícitas, el Ministerio Público ha permitido que procesos claves se debiliten por errores procesales, retrasos injustificados y falta de voluntad para sostener las acusaciones.
El caso Redes, que en su momento reflejaba la valentía institucional por enfrentar el poder corrupto, hoy simboliza el deterioro de la justicia bajo una gestión que ha privilegiado la protección de intereses particulares por encima del Estado de Derecho. Guatemala ha retrocedido en su lucha contra la impunidad, y el caso Redes es solo uno de tantos ejemplos del costo que esto representa para el país.