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La investigación determinó que hubo plazas fantasma, facturación de productos que no se prestaron y tuvo la participación de el hijo y hermano del expresidente Jimmy Morales.

Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y toda la estructura criminal, lograron influir en todas las instituiciones del Estado. 60% era para el binomio presidencial y el 40 lo repartían entre la organización.

Las plazas fantasmas autorizadas por Luis Rabbé y Aristides Crespo, bajo renglón 022, tenían salarios entre Q10 mil hasta Q15 mil.

La exvicepresidenta Roxana Baldetti junto a su hermano Mario Alejandro y el empresario Hugo Roitman, defraudaron al Estado por Q20 millones al simular limpiar el lago de Amatitlán.

En el 2015 se determinó la existencia de una estructura criminal que lucraba con los medicamentos que adquiría el IGSS.

El caso presentó operaciones criminales con el objeto de favorecer el tráfico de personas y fomentar la migración ilegal.

Especialistas señalan que las mismas estructuras militares siguen vigentes al día de hoy. El caso se encuentra hoy en manos del Juez Miguel Angel Galvez, quien lleva varios casos de alto impacto.