La reciente negativa del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) a permitir la fiscalización de más de Q3 mil 200 millones destinados a programas de apoyo por los efectos de la pandemia de Covid-19 ha generado serias preocupaciones sobre la transparencia y el manejo de recursos públicos en Guatemala.
La Contraloría General de Cuentas (CGN) manifestó su intención de auditar estos fondos, pero se ha encontrado con una dura resistencia por parte de la administración del CHN, liderada por su presidente, Sergio Mario Silva Lorenzana.
La CGN sostiene que su responsabilidad de fiscalizar estos recursos está respaldada por el Decreto 13-2020, que establece claramente su competencia en este ámbito. Sin embargo, el CHN ha insistido en que, por su naturaleza financiera, no puede ser objeto de esta fiscalización, apelando a una interpretación restrictiva de la ley.
La carta de Silva Lorenzana no solo desestima la autoridad de la Contraloría, sino que también plantea interrogantes sobre la supervisión y el control de las instituciones que manejan fondos públicos en un contexto de crisis.
¿Protección a Giammattei?
Esta situación es alarmante. La pandemia ha dejado a muchas familias guatemaltecas en condiciones vulnerables, y los fondos destinados a su rescate debieron ser manejados con la máxima transparencia. La resistencia del CHN a ser auditado no solo pone en duda su compromiso con la rendición de cuentas, sino que también podría implicar un manejo irresponsable o irregular de los recursos asignados, lo cual es particularmente grave dado que estos fondos fueron aprobados durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
La CGN ha señalado que, al considerar interponer una denuncia penal por resistencia a la fiscalización, este no es un simple desacuerdo administrativo, sino un tema que podría tener repercusiones legales. La posibilidad de que un banco estatal ignore el marco legal en el que opera es inaceptable y debe ser abordada con seriedad.
La fiscalización de los recursos públicos es un pilar fundamental para garantizar el uso adecuado de los fondos que pertenecen a todos los guatemaltecos. La actuación del CHN debe ser objeto de una auditoría exhaustiva, no solo por el bien de la transparencia, sino para saber a dónde fueron destinados esos recursos.
Cabe destacar que Estados Unidos sancionó a Miguel Martínez, íntimo de Giammattei, por corrupción relacionada con la pandemia. El expresidente también fue sancionado a pocos días de dejar el cargo, lo que deja claro que su administración estuvo marcada por la corrupción y el encubrimiento.