Por años, el Ministerio Público (MP) de Guatemala ha sido acusado de abandonar su papel de garante de justicia para convertirse en un instrumento de persecución política. Esta semana, ese señalamiento se refuerza con una nueva maniobra que evidencia cómo el MP, bajo el mando de Consuelo Porras, actúa a conveniencia de actores de poder que promueven la criminalización de operadores de justicia. Uno de esos actores es la Fundación contra el Terrorismo (FCT), dirigida por Ricardo Méndez Ruiz, quien ahora celebra la continuidad del proceso contra el exjuez Miguel Ángel Gálvez, a pesar de que la propia Fiscalía había solicitado su cierre por falta de pruebas.
Hace apenas unas semanas, la Fiscalía contra Delitos Administrativos pidió desestimar la denuncia contra Gálvez, quien actualmente se encuentra en el exilio tras haber enfrentado una intensa campaña de desprestigio y amenazas impulsada por la FCT. La denuncia en su contra alegaba que abusó de la prisión provisional en casos emblemáticos como La Línea y Diario Militar, en los que altos funcionarios y militares fueron procesados por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la fiscalía no encontró elementos suficientes para sostener esa acusación, y solicitó formalmente el archivo del caso.
La decisión fue anticipada por la FCT
Pero todo cambió repentinamente. La Fundación contra el Terrorismo, a través de sus redes sociales, anunció —con un tono de victoria— que el MP se había retractado. El documento difundido por la FCT muestra que el Juzgado Duodécimo Penal aceptó un memorial de la fiscalía, retirando la solicitud de desestimación y suspendiendo la audiencia que estaba programada para el 14 de agosto.
¿La razón de este viraje? No ha sido explicada por el MP. Lo que sí se conoce es que la FCT también presentó una denuncia contra la auxiliar fiscal que solicitó originalmente el cierre del caso, acusándola de querer «favorecer» a Gálvez. La presión fue suficiente para que la fiscalía cambiara de postura, dejando en evidencia quién toma realmente las decisiones en la institución que debería investigar con imparcialidad.
Uno de los jueces más emblemáticos
Miguel Ángel Gálvez fue uno de los jueces más emblemáticos del país. Desde el Juzgado de Mayor Riesgo B, conoció casos históricos que afectaron a las redes de corrupción y estructuras criminales incrustadas en el Estado. Su trabajo lo convirtió en blanco de la Fundación contra el Terrorismo y, eventualmente, en víctima del exilio. Su salida del país en noviembre de 2022 se suma a la de otros jueces, fiscales y periodistas que hoy enfrentan procesos espurios por ejercer su labor con independencia.
Este nuevo episodio confirma la captura del MP por intereses oscuros. No se trata de una fiscalía autónoma, sino de una que responde a actores como Méndez Ruiz, quienes han instrumentalizado la justicia para castigar a quienes alguna vez los investigaron o juzgaron. El caso contra Gálvez no solo es un castigo personal: es una advertencia para quienes aún resisten dentro del sistema.
Es una traición más a los principios básicos del debido proceso
La fiscal general Consuelo Porras ha sido sancionada por Estados Unidos y otros países por obstruir la justicia. Bajo su gestión, el MP ha perseguido a fiscales, jueces y activistas, mientras permite impunidad para estructuras vinculadas a corrupción y crimen organizado. Su permanencia en el cargo solo ha profundizado la crisis institucional y ha dejado claro que su compromiso no es con la justicia, sino con la protección de intereses que temen la verdad.
El retiro de la solicitud de desestimación en el caso Gálvez es una traición más a los principios básicos del debido proceso. Guatemala no merece un Ministerio Público que actúe por presiones externas, y mucho menos que sirva como brazo ejecutor de una fundación cuyo historial está plagado de ataques contra quienes alguna vez lucharon por un país más justo. El mensaje es claro: en la Guatemala de Porras y Méndez Ruiz, perseguir la impunidad se castiga.