El Ministerio Público (MP) confirmó un aumento salarial de Q1,500 para todo su personal, incluida la fiscal general Consuelo Porras. Sin embargo, el anuncio vino acompañado de opacidad: en una citación en el Congreso de la República, autoridades de Recursos Humanos se negaron a revelar el salario total de la jefa del MP.
La decisión fue respaldada, además, por un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), una postura que sorprende viniendo de una institución que debería velar por la transparencia y el acceso a información pública.
Vivian Amabilia García, encargada del Departamento de Recursos Humanos, confirmó el monto del incremento, pero evitó revelar la cifra exacta del salario de Porras. La negativa provocó insistencia del diputado José Chic, quien cuestionó por qué el MP se niega a compartir un dato que, por ley, debería ser público. La misma resistencia se vio meses atrás durante las discusiones del Presupuesto 2026, cuando el MP evitó detallar los ingresos de Porras ante la Comisión de Finanzas.
La opacidad de Consuelo Porras
La pregunta se impone: ¿por qué quien ocupa el cargo más alto dentro del ente investigador teme revelar cuánto gana? La opacidad se vuelve aún más preocupante si se considera el contexto. El aumento se otorga en una institución marcada por denuncias de persecución política, señalamientos de corrupción judicial y un desgaste profundo de credibilidad.
Consuelo Porras ha sido sancionada por más de 42 países por socavar la democracia, obstruir investigaciones anticorrupción y utilizar el aparato de justicia para perseguir a exoperadores judiciales, periodistas y voces críticas.
Bajo su mandato, el MP se convirtió en una herramienta de represalia y blindaje para redes de impunidad. Negarse a revelar su salario solo refuerza ese patrón de ocultamiento y poder sin rendición de cuentas.
¿Busca comprar lealtades?
El incremento salarial plantea interrogantes legítimos: ¿es una medida para fortalecer la institución o para comprar lealtades internas en un momento de presión internacional y deterioro de imagen? ¿Y por qué una funcionaria pública, con recursos del Estado y decisiones que afectan a millones de guatemaltecos, insiste en ocultar información que debería ser transparente?
Más allá de la cifra exacta, lo que está en juego es la confianza pública. Una fiscal general sancionada internacionalmente, señalada de cooptar la justicia y ahora aferrada al secreto sobre su propio salario, envía un mensaje claro: en el Ministerio Público de Consuelo Porras, la transparencia sigue siendo un enemigo a vencer, no un principio a respetar.