El reciente cierre de la investigación contra Alejandra Carrillo, exdirectora del Instituto de la Víctima, solicitado por el Ministerio Público (MP) dirigido por Consuelo Porras, plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la transparencia del sistema judicial en Guatemala. La decisión del Juzgado Segundo Penal B de archivar el caso, que apuntaba a un entramado de tráfico de influencias, ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre posibles maniobras encubiertas para proteger a figuras vinculadas al poder.
La investigación había revelado un complejo esquema de favoritismo en las contrataciones dentro del Instituto de la Víctima, donde se utilizaban criterios de apadrinamiento para beneficiar a políticos, particularmente a Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei.
Las pruebas, incluyendo chats de WhatsApp, mostraban cómo Carrillo y su equipo manipulaban los procesos para favorecer a candidatos recomendados por VAMOS, el partido que llevó a Giammattei a la presidencia. Este tipo de prácticas no solo socavan la confianza pública en las instituciones, sino que también reflejan una alarmante falta de ética en la administración pública.
Cierran caso contra Alejandra Carrillo y capturan a Ligia Hernández
El cierre de la investigación se produjo de manera «coincidente» con la captura de Ligia Hernández, la actual directora del Instituto de la Víctima, que ha sido vinculada a una presunta persecución política orquestada por Porras y su entorno. Este cierre en un contexto de presiones políticas y judiciales plantea la pregunta crucial: ¿es este un caso de justicia imparcial o de encubrimiento de intereses políticos?
La decisión de archivar el caso de Carrillo parece estar alineada con una serie de acciones que han sido criticadas por su falta de transparencia y su aparente sesgo político. El reportaje de La Hora en 2021 ya había puesto de manifiesto cómo el proceso de contratación en el Instituto de la Víctima se había visto influido por pedidos de diputados de VAMOS, sugiriendo un patrón de corrupción sistemática. Además, las comunicaciones internas del grupo de WhatsApp «Grupo Revisor» revelaron cómo se manipulaban los resultados de los exámenes para asegurar la contratación de los favoritos del partido, un hecho que subraya la corrupción en el sistema.
La persecusión de Porras contra opositores
Mientras el MP, bajo la dirección de Porras, avanza con acciones en contra de figuras opositoras como Ligia Hernández, la falta de acciones en casos de corrupción evidentes como el de Carrillo pone en evidencia un doble rasero en la aplicación de la justicia. La decisión del juez Fredy Orellana de enviar a prisión preventiva a la exdiputada por delitos relacionados con la fiscalización electoral, mientras el caso de Carrillo se cierra sin mayores explicaciones, refuerza la percepción de una justicia que no actúa de manera uniforme.
El caso de Alejandra Carrillo no solo cuestiona la integridad del sistema judicial guatemalteco, sino que también subraya la necesidad urgente de una reforma que garantice un verdadero Estado de derecho. La opacidad en el manejo de este caso y la coincidencia con otros procesos judiciales cuestionables dejan claro que el camino hacia una justicia imparcial en Guatemala aún está plagado de obstáculos significativos.