El más reciente informe sobre Prácticas de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) vuelve a colocar a Consuelo Porras, actual fiscal general de Guatemala, en el centro de la polémica internacional. El documento describe con precisión quirúrgica lo que desde hace años denuncian víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos: el Ministerio Público (MP), bajo su mando, no ha sido un garante de la justicia, sino un engranaje más en la maquinaria de impunidad que protege a los poderosos y castiga a quienes los incomodan.
Lejos de fortalecer el Estado de derecho, el informe revela que las acciones del MP han limitado en repetidas ocasiones las medidas para sancionar violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía, en lugar de investigar a los responsables de crímenes de alto impacto, ha obstaculizado procesos tan sensibles como el caso de genocidio contra militares retirados.
No se trata de un simple desacuerdo político, sino de una intervención directa para frenar la justicia en casos históricos, favoreciendo a quienes ocupan o han ocupado posiciones de poder.
Hostigamiento contra la prensa y defensores de justicia
Uno de los apartados más graves del informe apunta a los ataques contra la libertad de expresión. El Departamento de Estado detalla cómo, bajo la dirección de Consuelo Porras, el MP recurrió a “demandas espurias, citaciones, confiscaciones telefónicas y allanamientos” para intimidar a periodistas y defensores de derechos humanos.
Este patrón no es nuevo: desde su llegada a la Fiscalía General, las acciones contra medios críticos y figuras independientes han seguido una lógica de persecución selectiva, utilizando el aparato judicial como herramienta de amedrentamiento. En lugar de proteger a quienes fiscalizan al poder, el MP se ha convertido en su verdugo.
Derechos laborales: otra deuda incumplida por Consuelo Porras
El retroceso no se limita al ámbito político y de derechos humanos. El informe también denuncia la ineficacia del MP para procesar casos en los que empleadores ignoraron órdenes judiciales relacionadas con derechos sindicales. La propia Fiscalía Especializada en Delitos contra Sindicalistas documentó que, en 2023, un alarmante 72 % de las denuncias correspondieron a empleadores que se negaron a acatar resoluciones judiciales.
Un dato que refleja que, incluso en el terreno laboral, la institución ha fallado a las víctimas, dejando en claro que la ley no se aplica con el mismo rigor para todos.
Persecución más allá de las fronteras
La represión bajo Consuelo Porras no conoce límites geográficos. El informe destaca que el MP continuó procesos judiciales contra exfuncionarios y defensores de derechos humanos en el extranjero, una práctica que organizaciones internacionales califican como hostigamiento y represión transnacional.
El caso más ilustrativo es el del exprocurador de derechos humanos, Jordán Rodas, contra quien la Fiscalía solicitó a Interpol una orden de captura, acción que diversas organizaciones catalogaron como políticamente motivada. Lejos de concentrarse en combatir la corrupción interna, la Fiscal General ha preferido perseguir a quienes se atrevieron a desafiar el pacto de impunidad.
Consuelo Porras no solo ha desacreditado a la institución que dirige; ha profundizado la desconfianza ciudadana en el sistema judicial y debilitado las ya frágiles garantías democráticas en Guatemala. Su nombre, incluido reiteradamente en listas de actores corruptos y antidemocráticos a nivel internacional, es hoy sinónimo de persecución, censura y protección a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos.
Bajo su mandato, el Ministerio Público ha dejado de ser un pilar de justicia para convertirse en una herramienta de represión. Y en ese proceso, ha destruido mucho más que casos judiciales: ha socavado la esperanza de un país entero que aún espera verdad y justicia.