Bajo la dirección de Consuelo Porras, el Ministerio Público (MP) parece haber perfeccionado un método perverso: proteger a los corruptos mientras persigue a quienes denuncian actos de corrupción. El caso más reciente lo confirma. Marco Livio Díaz, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), denunció una red de defraudación fiscal conocida como caso B410, que involucra empresas vinculadas a figuras cercanas al gobierno anterior, incluyendo a Miguel Martínez, aliado de Alejandro Giammattei. ¿La respuesta del MP? Abrir una investigación contra el superintendente, el denunciante, mientras ignora a los presuntos responsables del saqueo.
Esta maniobra no es nueva. Desde que Porras asumió como fiscal general, el MP ha sido convertido en un instrumento de intimidación contra quienes buscan justicia. Los casos de criminalización de jueces, fiscales, periodistas y ahora del superintendente de la SAT son evidencia de un patrón: quien alza la voz contra la corrupción se convierte en objetivo de persecución.
Protección descarada de Consuelo Porras a Miguel Martínez
La denuncia presentada por Marco Livio Díaz señala a Miguel Martínez y a empresas involucradas en la red de defraudación tributaria, las cuales recibieron dinero público sin ejecutar proyectos. Sin embargo, el MP de Porras ha evitado tocar a Martínez, a pesar de las pruebas que lo vinculan con este escándalo. Esta omisión deliberada demuestra que el MP ha renunciado a su deber de investigar de manera imparcial y se ha transformado en un escudo para proteger a los allegados del poder. Persecución contra Marco Livio Díaz.
En lugar de investigar a los verdaderos responsables del caso B410, el MP inició una investigación por supuesta extorsión y tráfico de influencias contra Marco Livio Díaz, basada únicamente en declaraciones de los imputados en los casos B410 y Eureka-B410. Este acto no solo busca desviar la atención del caso, sino que también envía un mensaje claro: denunciar la corrupción en Guatemala es arriesgarse a ser criminalizado.
Díaz ha rechazado enérgicamente las acusaciones, calificándolas de infundadas y exigiendo una investigación imparcial. Además, ha solicitado que se respete su derecho a la presunción de inocencia, algo que, bajo el mandato de Porras, parece ser un concepto olvidado. Reacciones de indignación.
El caso ha generado una ola de críticas. Desde el movimiento Projusticia hasta la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, diversas voces han señalado que este tipo de persecuciones desincentivan a los ciudadanos a denunciar actos de corrupción. Incluso Santiago Palomo, vocero de la Presidencia, calificó de inadmisible que el MP desvíe su atención hacia quienes denuncian, en lugar de perseguir a los responsables.
La respuesta del MP
Por su parte, el MP intentó justificar su actuación con un comunicado en el que asegura que su función es «investigar todas las denuncias». Sin embargo, sus acciones demuestran que la justicia en Guatemala ha sido secuestrada por intereses políticos y económicos. El legado oscuro de Consuelo Porras.
El mandato de Consuelo Porras será recordado como una época en la que el Ministerio Público se convirtió en una herramienta para perseguir a los defensores de la justicia y proteger a los corruptos. Su gestión no solo ha debilitado el estado de derecho, sino que ha sembrado el miedo entre quienes buscan combatir la impunidad.
Cada día que Porras permanece al frente del MP, se refuerza un mensaje devastador: en Guatemala, la justicia no está del lado de la verdad, sino del poder.