La renovación de las sanciones de la Unión Europea contra Consuelo Porras no es un gesto simbólico ni una conspiración extranjera, como insiste en presentarlo el Ministerio Público. Es el reflejo de un aislamiento político y moral que la fiscal general ha construido con método y perseverancia desde que convirtió a la institución que dirige en un instrumento de persecución selectiva y protección de intereses.
La UE prorrogó hasta enero de 2027 medidas severas —prohibición de viajes, congelamiento de activos y bloqueo financiero— no solo contra Porras, sino también contra figuras clave de su entorno y aliados estratégicos: Rafael Curruchiche, Fredy Raúl Orellana, Jimmy Bremer, Leonor Morales Lazo, Ángel Pineda, la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle. No se trata de nombres aislados, sino de un bloque que ha operado de forma coordinada en decisiones que han erosionado la democracia y el Estado de derecho.
Respuesta del MP de Consuelo Porras
La respuesta del Ministerio Público resulta reveladora. Consuelo Porras se refugia en un discurso de soberanía jurídica para evitar responder a la pregunta central: ¿por qué tantas democracias coinciden en que su gestión —y la de su círculo— ha dañado gravemente la institucionalidad? La autonomía no es impunidad, ni la independencia una licencia para usar la ley como arma política.
Bajo el mandato de Consuelo Porras, fiscales incómodos fueron expulsados, investigaciones sensibles desmanteladas y operadores de justicia forzados al exilio. Mientras tanto, actores afines encontraron en el MP y en ciertos juzgados un escudo eficaz. La inclusión de jueces, fiscales y organizaciones en la lista de sancionados refuerza la percepción de una estructura dedicada más a castigar disidencias que a perseguir delitos.
La narrativa oficial, que acusa a la comunidad internacional de “desconocer” el sistema de justicia guatemalteco, resulta ofensiva para una ciudadanía que ha visto cómo ese sistema se utiliza para intimidar periodistas, criminalizar opositores y poner en riesgo procesos democráticos.
Un MP hecho cenizas
Las sanciones no alteran el orden jurídico interno, pero sí dejan al descubierto algo más grave: la pérdida de credibilidad. Consuelo Porras y su entorno no enfrentan un complot; enfrentan el juicio de la historia. Y por más comunicados que emitan, no pueden ocultar que su legado es el del aislamiento y el retroceso democrático, no el de la justicia.