El caso conocido como Cooptación del Estado, derivado de las investigaciones del escándalo La Línea, ha experimentado un dramático giro que ha resultado en la impunidad para varios acusados. La trama desentrañó una estructura criminal liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes habrían recibido alrededor de Q900 millones en comisiones ilícitas.
La investigación reveló una red político-económica ilícita que operó durante la campaña electoral de 2011, permitiendo que Pérez Molina y Baldetti llegaran al poder. La complejidad del esquema incluyó lavado de activos y corrupción a gran escala, detallados minuciosamente por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entre 2012 y 2015, a cargo de Iván Velásquez.
Se identificaron casos de corrupción que no eran actos aislados, sino parte de una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala. Los principales dirigentes eran el Presidente y la Vicepresidenta, respaldados por ministros cercanos a ellos. La acusación incluyó delitos como financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo.
Entre las evidencias presentadas por la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, se encontraban declaraciones testimoniales, informes financieros, y cuadros de control detallando la distribución de dinero para el financiamiento electoral ilícito. Además, se revelaron comisiones millonarias pagadas por contratistas a cambio de la adjudicación de proyectos y documentos que detallaban la creación de empresas ficticias para ocultar el origen ilícito del dinero.
Cambios en el sistema judicial y la caída del caso Cooptación del Estado
Sin embargo, con la salida de la CICIG y cambios en la FECI, el caso se destronó. La Fiscalía ya a cargo de Rafael Curruchiche retiró la apelación contra la resolución de la jueza Eva Recinos, quien cerró en 2023 el caso a favor de 19 acusados, incluyendo exministros, políticos y empresarios vinculados a sobornos que superan Q900 millones.
La renuncia a apelar implica que las resoluciones podrían quedar firmes, y exfuncionarios como Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, Manuel López Ambrosio y Ulises Noé Anzueto no enfrentarán juicio por corrupción. La jueza Recinos argumentó que la fiscalía no sustentó adecuadamente las acusaciones. Y así ha sido con otros casos de alto impacto desde que asumió Consuelo Porras como Fiscal General del Ministerio Público (MP).
La resolución que botó el caso Cooptación del Estado
La jueza Eva Recinos, quien asumió el control del expediente tras la salida de Miguel Ángel Gálvez, emitió su resolución el 3 de noviembre. La togada determinó que solo 4 de las 23 personas que figuraban en la acusación debían enfrentar juicio por diferentes delitos.
Durante su resolución, la jueza aceptó un recurso presentado por la defensa, dejando fuera del expediente los medios de investigación aportados por la CICIG. En esa ocasión, argumentó que solo el MP tiene la facultad para realizar pesquisas, y no un ente externo como la Comisión.
«En este caso, quien juzga considera que se han violentado derechos de los acusados, en virtud que el MP aceptó que un ente externo CICIG supliera las funciones de investigación, que únicamente le compete al MP como ente acusador. Es el único ente encargado de la persecución penal…», dijo la jueza.
Desistimiento del Ministerio Público
Una fuente cercana al expediente indicó a Prensa Comunitaria, que el MP había presentado una apelación contra la resolución de la togada, pero finalmente desistió de la misma en relación a los exministros Sinibaldi, López Bonilla, López Ambrosio y Noé Anzueto, así como en los casos de los exfuncionarios Juan de Dios Rodríguez y Adolfo Peña. El desistimiento de la apelación implica que el fallo emitido por el juzgado no será analizado por la Sala de Mayor Riesgo.
Este giro en el caso Cooptación del Estado no solo impacta en el ámbito legal, sino que tiene consecuencias sociales y políticas. La sociedad guatemalteca, que había depositado esperanzas en un sistema judicial más transparente y eficaz, ahora se enfrenta a la frustración.