La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la creación de cuatro nuevas Salas de Apelaciones departamentales e integró directamente a sus magistrados titulares y suplentes, una facultad que según la ley corresponde únicamente al Congreso de la República. Esta decisión no solo ignora el marco legal, sino que abre la puerta a la concentración de poder y a la captura de la justicia por actores con intereses particulares.
Investigaciones de Prensa Comunitaria muestran que los nombres de los magistrados designados surgieron de un listado filtrado durante el pleno entre el bloque mayoritario vinculado al cuestionado magistrado de la Corte de la Constitucionalidad (CC), Néster Vásquez. El documento contenía tachaduras y anotaciones con frases como “Si va, es mío”, lo que revela un proceso marcado por intereses personales y discrecionalidad política, lejos de los principios de transparencia y legalidad que deberían regir la justicia.
El Organismo Judicial (OJ) confirmó la creación de las nuevas salas en los departamentos de El Progreso, Suchitepéquez, Totonicapán y la región de Coatepeque, Quetzaltenango, argumentando que el objetivo es agilizar los procesos judiciales, reducir la mora y garantizar un servicio más eficiente. Sin embargo, no explicó cómo se integraron los magistrados ni cómo se notificó al Congreso para cumplir con los procedimientos legales. Este silencio genera sospechas legítimas de maniobra política y violación de la Constitución.
Nombramiento cuestionable en las Salas de Apelaciones
Entre los magistrados designados se encuentran personas con antecedentes cuestionables, como Hilda Jeannette González Donado, vinculada al caso Comisiones Paralelas 2020. Su inclusión evidencia que estas nuevas Salas podrían consolidar un patrón de impunidad, favoreciendo a actores vinculados a corrupción mientras se debilita el acceso a la justicia para quienes dependen de tribunales independientes.
Las Salas de Apelaciones, como órganos clave dentro del sistema judicial, deberían garantizar la revisión imparcial de las decisiones de los juzgados. Sin embargo, en los últimos años varias de estas salas han favorecido a personas señaladas por corrupción y han avalado medidas en contra de abogados, jueces, fiscales y periodistas independientes. La reciente elección de magistrados demuestra que actores con antecedentes cuestionables aprovecharon la oportunidad para afianzarse en posiciones estratégicas dentro del sistema judicial, consolidando un engranaje de poder que amenaza la independencia judicial.
Abuso de poder en la justicia
Este episodio no es solo un problema de procedimiento. Es un ejemplo claro de cómo se manipula la institucionalidad judicial para servir a intereses privados y consolidar la impunidad en Guatemala. La sociedad civil y los medios independientes deben mantener un escrutinio constante sobre estos procesos, porque la falta de transparencia y el abuso de poder en la justicia afectan a toda la ciudadanía.
El análisis presentado se basa en la investigación realizada por Prensa Comunitaria, cuyos hallazgos evidencian cómo los mecanismos legales fueron ignorados y manipulados para favorecer a actores con influencia política y antecedentes cuestionables.
El artículo se elaboró a partir de la investigación publicada por Prensa Comunitaria: Así se distribuyeron las cuatro Salas de Apelaciones creadas por la CSJ