En medio de críticas y cuestionamientos, la Corte de Constitucionalidad ha generado controversia por un reciente acuerdo que implica la reserva de información sobre la seguridad de sus magistrados. Este órgano, encargado de velar por el orden constitucional y el Estado de derecho, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de diversos sectores de la sociedad.
El acuerdo en cuestión ha destinado una suma considerable, aproximadamente Q4 millones, para la compra y blindaje de vehículos utilizados por los magistrados. Esta medida ha levantado sospechas sobre la transparencia y la gestión de recursos públicos, especialmente en un contexto donde las necesidades sociales, como la crisis hospitalaria y la seguridad ciudadana, son urgentes y críticas.
Según lo expresado por Walter Juárez Estrada, columnista de LaHora, la opacidad en torno a la seguridad de los jueces constitucionales no solo contraviene la Ley de Acceso a la Información Pública, sino que también representa un precedente peligroso para la democracia del país. Instituciones como la Asociación de Periodistas de Guatemala han exigido públicamente que la Corte de Constitucionalidad revoque este acuerdo, argumentando que vulnera principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas.
Además, se ha señalado que otras entidades, incluyendo municipalidades y el propio Organismo Judicial, podrían seguir el ejemplo de la CC, lo cual ha generado preocupación y críticas anticipadas por posibles abusos y falta de transparencia.
La cuestionada Corte de Constitucionalidad
Los magistrados de la Corte, Néster Vásquez Pimentel, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Dina Josefina Ochoa Escribá y Lesly Lemus, están llamados a rectificar esta situación y actuar en estricto apego a la Constitución y las leyes del país. Su responsabilidad como garantes del Estado de derecho exige que cualquier actuación respete los principios de transparencia y legalidad, en beneficio de la integridad institucional y la confianza pública.
La controversia no solo pone en entredicho la gestión de recursos públicos, sino que también cuestiona la capacidad de la Corte de Constitucionalidad para mantenerse como un bastión de la justicia y la legalidad en Guatemala.
Lea aquí la columna completa: ¡A qué le teme la Corte de Constitucionalidad!