Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y figura cercana al expresidente Alejandro Giammattei, sigue bajo el escrutinio internacional por su inclusión en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En lugar de asumir responsabilidad por los graves señalamientos, “Miguelito” busca librarse de las consecuencias legales a través de demandas y argumentos que rozan lo absurdo.
Incluido en diciembre de 2023 bajo la orden ejecutiva 13,813 (Ley Magnitsky), Martínez fue señalado de beneficiarse de contratos estatales, exigir sobornos y coludirse con otros funcionarios para favorecer ilegalmente a proveedores durante su gestión. Además, se le acusa de participar en negociaciones irregulares relacionadas con la polémica compra de las vacunas Sputnik. Estas acciones le valieron la sanción que bloquea sus bienes e intereses en EE. UU., y lo coloca en la mira como protagonista de actos de corrupción y abuso de poder.
Alegatos de Miguel Martínez
En septiembre pasado, el exfuncionario acudió a una corte del Distrito de Columbia alegando que su permanencia en la lista es «ilegal». Según su abogado, Alexei Schacht, la sanción ha supuesto daños irreparables para él y su familia. Sin embargo, el fiscal general adjunto principal, Brian Boynton, dejó claro que la medida responde a la lucha contra la corrupción y no tiene fundamento la defensa de Martínez, que carece de pruebas creíbles.
Martínez intenta utilizar declaraciones de figuras como Amelia Flores y otros aliados del gobierno anterior para justificar su desvinculación de los escándalos. Sin embargo, los argumentos parecen más un intento desesperado por limpiar su imagen que una defensa basada en hechos sólidos.
Revés para Martínez
El Departamento del Tesoro, firme en su posición, ha ratificado que Martínez fue sancionado bajo parámetros claros: abuso de poder, corrupción y enriquecimiento ilícito. Su inclusión en la lista Magnitsky es un reflejo de la profunda desconfianza que genera en el ámbito internacional.
Mientras tanto, en Guatemala, la inacción de las instituciones de justicia y los pactos de impunidad permiten que personajes como Miguel Martínez sigan buscando evadir la rendición de cuentas. Su caso es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el país en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder.