El Ministerio Público de Consuelo Porras quiere que creamos que ahora sí va en serio contra Miguel Martínez, el operador de confianza de Alejandro Giammattei y rostro simbólico del poder en la sombra durante el último gobierno. Esta semana pidió el embargo de ocho bienes vinculados a él, con un valor estimado de Q10 millones. ¿El motivo? Sospechas de origen ilícito. Pero aquí va la trampa: no existe ninguna orden de captura, no hay un solo cargo penal en su contra, y todo el caso permanece en reserva.
Mientras tanto, el MP pretende mostrar músculo con una medida que, a todas luces, parece más una estrategia de relaciones públicas que un acto de justicia. En plena crisis de legitimidad, con sanciones internacionales encima y una ciudadanía que exige su renuncia, Porras lanza esta jugada buscando limpiar su imagen. Lo hace justo cuando su continuidad como fiscal general está cada vez más cuestionada, tras los constantes señalamientos por criminalizar a operadores de justicia, periodistas y opositores políticos.
Ninguna acción penal contra Miguel Martínez
La solicitud de embargo parece un intento desesperado de aparentar que el Ministerio Público no protege a los suyos. Pero los hechos desmienten esa narrativa. La Fiscalía no ha iniciado ninguna acción penal contra Martínez, a pesar de que los bienes en cuestión —según reveló una fuente citada por Prensa Libre— estarían a nombre de amigos y familiares que, por su perfil económico, no podrían justificar tales adquisiciones.
Los inmuebles habrían sido comprados entre 2020 y 2024, justo durante la administración de Giammattei. No se necesita mucha imaginación para sospechar del posible uso de fondos públicos o de sobornos, sobre todo si recordamos que Miguel Martínez fue sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky por su participación en «esquemas generalizados de soborno».
La maniobra de Porras en el caso contra Martínez
Sin embargo, el Ministerio Público parece más interesado en dar una apariencia de acción que en llegar al fondo del caso. La solicitud de embargo busca, supuestamente, ingresar a los inmuebles para realizar avalúos y establecer el origen de los fondos. ¿Por qué no se ha hecho esto antes, si la investigación, según se dice, lleva más de dos años?
Todo apunta a una maniobra para ganar tiempo, distraer a la opinión pública, o incluso, enviar un mensaje cifrado: que Miguel Martínez se prepare para huir o negociar su salida, mientras el sistema le ofrece un margen de maniobra. No es la primera vez que vemos cómo el Ministerio Público actúa con diligencia selectiva: persigue con saña a quienes luchan contra la corrupción, pero se muestra tibio e ineficaz frente a quienes verdaderamente manejaron el poder y los recursos públicos a su antojo.
Y aunque la resolución sobre los bienes se conocerá hasta el lunes 12 de mayo, lo que queda claro desde ya es que esta acción no representa un verdadero avance en la lucha contra la impunidad. Es, más bien, una muestra de que las instituciones siguen secuestradas por quienes usan la ley como arma política y la justicia como espectáculo. El MP de Consuelo Porras no busca justicia. Busca sobrevivir.