Recientemente El Faro publicó un artículo que se enfoca en la situación política y electoral en Guatemala, resaltando la victoria de Bernardo Arévalo, pero también señalando las acciones de los poderes fácticos. El autor destaca la importancia del apoyo internacional, especialmente de organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA), para garantizar una transición pacífica del poder en enero de 2024.
El texto expone cómo la fiscal general Consuelo Porras ha tomado medidas para criminalizar a aquellos que entorpezcan el proceso electoral, y cómo el Ministerio Público ha presentado un antejuicio contra importantes figuras del Tribunal Supremo Electoral y ha anunciado órdenes de captura contra miembros del partido Semilla.
También enfatiza sobre la captura de la abogada Claudia González, vinculada a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo cual se interpreta como un intento de mostrar fuerza en la lucha contra operadores de justicia.
El autor argumenta que estas acciones demuestran la falta de voluntad del Estado guatemalteco para cambiar y señala las dudas sobre si habrá una transición de poder en enero de 2024, a pesar de los acuerdos de una comisión de transición respaldada por la OEA. Se sugiere que se necesitan nuevas medidas, incluyendo una posible resolución de la OEA, para llamar la atención sobre el tono antidemocrático de las autoridades guatemaltecas.
Finalmente se destaca cómo el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha expresado preocupación por ciertas acciones en Guatemala y cómo en una sesión del Consejo Permanente de la OEA se ha cuestionado la actuación del Ministerio Público guatemalteco.