Una investigación realizada por los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, revela que la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP), encabezado por Consuelo Porras, ha permitido que la familia de Miguel Martínez continúe utilizando propiedades que están inmovilizadas por orden judicial.
El pasado 16 de julio de 2025, el MP realizó tres allanamientos en propiedades vinculadas a Martínez, ubicadas en el condominio Bella Vista, Jocotenango, Sacatepéquez, con el objetivo de entregarlas a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED) para su administración. En su momento, el MP difundió que las diligencias se realizaban sobre inmuebles bajo medida cautelar y que estas acciones buscaban asegurar los bienes.
La farsa del MP
Sin embargo, según la investigación de Figueroa y Del Cid, las propiedades siguen siendo habitadas por la familia de Miguel Martínez, principal operador de Alejandro Giammattei y sancionado por Estados Unidos por corrupción relacionada con contratos gubernamentales, incluyendo la compra de vacunas Sputnik V.
Vecinos confirmaron que solo un día estuvieron vacías las propiedades tras el operativo y que luego la familia regresó a ocuparlas. Este hallazgo evidencia que, a pesar de los anuncios y la cobertura mediática, las diligencias del MP fueron puro teatro. La Fiscalía de Extinción de Dominio, encargada de estas propiedades, no ejerció control efectivo sobre las mismas.
Protección a Miguel Martínez
Martínez es un aliado cercano del expresidente Giammattei, y la aparente inacción del MP bajo la dirección de Consuelo Porras —quien fue nombrada por el expresidente para un segundo periodo al frente de la institución— deja en evidencia la protección a sus aliados políticos.
La investigación de los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid demuestra que, mientras el MP realiza operativos mediáticos, la realidad muestra un organismo que persigue a inocentes y permite que personas cercanas al poder mantengan control de bienes inmovilizados.
La actuación del MP en este caso refuerza la percepción de que Consuelo Porras opera con protección política, convirtiendo en teatro mediático las diligencias que deberían garantizar la justicia y la extinción de bienes vinculados a corrupción, mientras los verdaderos beneficiarios del poder continúan en impunidad.