El juez Erick García se une a la creciente lista de jueces perseguidos por el Ministerio Público (MP) liderado por Consuelo Porras. La Fiscalía contra Delitos Administrativos presentó una solicitud de antejuicio contra García, acusándolo de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato.
Según el MP, el juez incurrió en estas faltas al emitir una resolución que permitió a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) retomar sus funciones, pese a no ser el titular del Juzgado Segundo Penal.
Sin embargo, esta persecución parece ser menos una cuestión de justicia y más un intento de represalia contra un juez que ha desafiado los intereses políticos del MP. La decisión de la Sala Tercera de Apelaciones, presidida por Alejandro Prado, anuló la resolución de García en favor de los magistrados del TSE, alegando una «actividad procesal defectuosa».
Prado, conocido por sus vínculos con figuras como Felipe Alejos y Jimmy Morales, no dudó en revertir el fallo del juez suplente, allanando el camino para esta nueva persecución judicial.
¿Por qué persiguen a Erick García?
Aunque el MP argumenta que la resolución sobre el TSE es la razón para perseguir a García, su historial revela un motivo más profundo: su independencia judicial. En octubre de 2024, García tuvo el valor de resolver a favor del periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, quien llevaba más de dos años en prisión bajo lo que muchos consideran un caso de criminalización política.
Pese a las presiones de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Rafael Curruchiche, el juez ordenó el arresto domiciliario de Zamora, un fallo que dejó en evidencia la politización de la justicia en Guatemala.
Un juez con trayectoria
Erick García, aunque desconocido para muchos hasta este punto, lleva más de una década impartiendo justicia. Inició como juez de Paz Penal de Turno en la Ciudad de Guatemala y más tarde ascendió al rango de juez de Instancia. Como suplente, ha conocido casos de alto perfil, incluyendo el del exministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata, a quien ordenó investigar por posibles irregularidades durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
A pesar de no tener una judicatura fija, García ha demostrado independencia en un sistema donde las presiones políticas son la norma. Su fallo a favor de Zamora no solo restauró parcialmente la libertad del periodista después de 813 días en prisión, sino que también evidenció la resistencia de ciertos jueces ante la cooptación del sistema judicial.
El caso de Erick García no es un incidente aislado. Se suma a una alarmante lista de jueces, fiscales y magistrados que han sido perseguidos por no alinearse con los intereses del MP de Consuelo Porras. La criminalización de la independencia judicial es una señal preocupante para el futuro de la justicia en Guatemala.
Mientras el MP continúa usando el sistema judicial como arma contra quienes desafían sus intereses, el verdadero costo lo paga el Estado de Derecho. Erick García, un juez con un historial limpio y decisiones basadas en la ley, representa lo que el MP parece no tolerar: la verdadera independencia judicial.