Estados Unidos (EE. UU.) anunció restricciones de visado para aproximadamente 300 guatemaltecos, incluyendo a más de 100 diputados del Congreso de la República. Además, condenó los intentos de «socavar» la democracia, atribuyéndolos al Ministerio Público liderado por Consuelo Porras, quien busca anular la victoria de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales.
«Estados Unidos condena enérgicamente las acciones antidemocráticas del Ministerio Público y otros actores malintencionados que están socavando el Estado de derecho en Guatemala», dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Las restricciones de visado afectan a unos «300 nacionales guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso, incluyendo diputados, así como representantes del sector privado y sus familias», según el comunicado.
MP quiere anular las elecciones y diputados colaboran
Estas sanciones se dan en un contexto de tensión por los resultados de las elecciones presidenciales de agosto en las que se impuso por sorpresa Arévalo, quien promete luchar contra la corrupción en el país.
El viernes, el MP de Porras afirmó que las elecciones debían anularse por supuestas irregularidades en la primera vuelta. El mismo día, el Tribunal Supremo Electoral aseguró que los resultados de las elecciones eran «oficiales e inalterables», y afirmó que Arévalo tomará la presidencia el 14 enero, como estaba previsto.
Declaración bipartidista de senadores de EE. UU. sobre Guatemala
En una declaración conjunta, el senador estadounidense Ben Cardin (D-Md.), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU., se unió a los senadores Marco Rubio (R-Fla.), Tim Kaine (D-Va.), Bill Cassidy (R-La.), y Dick Durbin (D-Ill.) para expresar su preocupación y hacer un llamado urgente a preservar el estado de derecho y garantizar una transferencia pacífica del poder en Guatemala antes de la toma de posesión del presidente electo en enero de 2024.
La declaración surge como respuesta al anuncio de fiscales del MP, quienes buscan despojar a Arévalo de su inmunidad legal y cuestionan su toma de posesión programada para el 14 de enero de 2024. Los senadores consideran que esta medida representa una amenaza a la democracia en Guatemala y expresan su solidaridad con el pueblo guatemalteco en la defensa del estado de derecho y la democracia.
«Exhortamos al Fiscal General Porras a garantizar que el Ministerio Público respete el estado de derecho y rechace los esfuerzos que socaven la transferencia pacífica del poder. Hacemos un llamado al presidente (Alejandro) Giammattei para que abogue por que las instituciones guatemaltecas se unan al sector privado y a la sociedad civil para apoyar y respetar una transición pacífica del poder, como se espera de toda democracia. Un compromiso para defender el lugar de Guatemala entre la comunidad de naciones democráticas será crucial para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala”, detalla la declaración.