El poder no se suelta fácilmente, y en el sistema de justicia guatemalteco eso queda cada vez más claro. Al menos 15 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Cortes de Apelaciones, que no lograron ser reelectos en el proceso actual, buscan regresar al Organismo Judicial (OJ) como jueces de instancia. La estrategia: reintegrarse a la carrera judicial, como si no pesaran sobre ellos múltiples señalamientos, denuncias y sanciones.
Uno de los nombres más sonados es el de Geisler Pérez Domínguez, exjuez tercero penal, sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos e incluido en la Lista Engel en 2022, por ser considerado un actor antidemocrático y aliado de estructuras corruptas.
Pérez no solo busca regresar, sino que formó parte del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) y de la Asociación de Jueces y Magistrados, espacios que ha usado para reforzar redes de poder dentro del OJ.
No está solo. Junto a él, otros exfuncionarios con expedientes oscuros han presentado solicitudes para retornar. El CCJ publicó en el Diario Oficial una convocatoria para recibir objeciones ciudadanas que puedan impedir su reincorporación. Pero la pregunta es inevitable: ¿cómo llegaron siquiera a tener esa opción?
Jueces cuestionados, justicia en entredicho
Estos son algunos de los exmagistrados que buscan retornar y los señalamientos que pesan en su contra:
- Frank Armando Martínez Ruiz: Exmagistrado de Sala de Mayor Riesgo, señalado de facilitar la salida del país de personajes como Luis Rabbé y César Montes, además de liberar a presuntos responsables de desapariciones y violaciones de derechos humanos.
- Edith Marilena Pérez: Avaló el cierre del proceso penal contra el exministro William Mansilla, señalado por abuso de autoridad. También benefició a Blanca Stalling, exmagistrada procesada por tráfico de influencias, revocándole la prisión preventiva.
- Benicia Contreras: Exmagistrada de la CSJ, señalada por abuso de autoridad y prevaricato al favorecer al diputado Felipe Alejos, evitándole un antejuicio en el caso Traficantes de Influencias. También cuestionada por decisiones polémicas en los casos Siekavizza y Ríos Montt.
- Edwin Ruano Martínez: Exmagistrado de la Sala de Mayor Riesgo que favoreció al empresario Gustavo Alejos en el caso Red de Poder, eliminando su prisión preventiva. También fue cuestionado por su actuación en comisiones de postulación.
- Víctor Hugo Salguero Portillo: Tiene un historial de denuncias por violencia contra la mujer, abuso de autoridad y amenazas a pobladores que exigían proteger recursos naturales en Zacapa.
- Marco Tulio Locón: Fue señalado por violencia contra la mujer en Petén, aunque el proceso fue desestimado.
- Lizbeth Carranza Izquierdo: Acusada por prevaricato, tráfico de influencias y retardo malicioso, especialmente en perjuicio de sectores indígenas y campesinos.
- Leonel Rodrigo Sáenz Bojórquez: Procesado por participar en la entrega irregular de una menor a la diputada Sandra Jovel. Aunque fue declarado sin mérito, el caso sigue siendo un ejemplo de cómo se manipulan los procesos judiciales.
- Nidia Violeta Domínguez: Acusada por movimientos sociales de prevaricato y retardo malicioso que afectaron procesos comunitarios.
Otros nombres como Trinidad Ceballos, Aleida Ochoa, Rogelio Can Si, Marta Susana Vides, Amelia Oliva y Xiomara Carranza también aparecen en la lista, con señalamientos que van desde participación irregular en concursos de belleza, hasta trabas procesales y favoritismo político.
La impunidad, disfrazada de carrera judicial
La situación revela un patrón preocupante: el uso del manto institucional de la carrera judicial para blindar intereses. La no reelección de estos exmagistrados no fue producto de azar, sino de la acumulación de cuestionamientos públicos, resoluciones a favor de estructuras paralelas y una total desconexión con la justicia independiente.
Ahora, pretenden volver como jueces «rasos», una jugada que no debe interpretarse como humildad sino como una estrategia para conservar cuotas de poder. De ser aceptados, tendrían nuevamente la posibilidad de emitir resoluciones que afectan directamente la vida pública del país.
Una oportunidad para alzar la voz
El Consejo de la Carrera Judicial abrió la posibilidad de presentar señalamientos formales contra estos aspirantes. Aunque impuso condiciones rigurosas —no se aceptarán denuncias anónimas, se deben presentar pruebas documentadas—, el espacio existe.
El plazo corre desde el 27 de mayo y se cuentan 8 días hábiles. El reto es que la ciudadanía, organizaciones sociales y observadores del sistema de justicia logren documentar y presentar sus alegatos antes de que sea demasiado tarde.
La reincorporación de estas figuras no puede verse como un acto administrativo más. Es parte de una pugna de fondo por el control del sistema judicial, en un momento donde la independencia de jueces y magistrados sigue siendo amenazada por redes de corrupción, pactos políticos y estructuras criminales.
Con información recopilada de Prensa Comunitaria y La Hora.