Presentamos una cronología de los hechos más importantes ocurridos en el caso Financiamiento UNE, el cual fue cerrado el 29 de noviembre de 2022, y con ello, la principal beneficiada fue Sandra Torres.
El 6 de febrero de 2019, el Ministerio Público (MP) con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) hicieron efectivas órdenes de captura. En esa misma fecha, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron solicitudes de antejuicio y se emitieron citaciones a primera declaración en el caso Financiamiento Electoral Ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza durante la campaña electoral 2015.
El caso Traficantes de influencias llevó al Financiamiento UNE
Las investigaciones del caso Traficantes de influencias, en enero de 2018, develaron la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia MAARIV S.A.
Ingeniería Integral era manejada por Marlon Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de influencias. Al rastrear los movimientos de MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo, quien en ese entonces era candidato vicepresidencial de la UNE.
Se presume que Leal Castillo utilizó el dinero de las cuentas para el financiamiento ilícito de la UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación y se desencadenó este caso.
Las pesquisas revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma esa agrupación política logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Aportes a la UNE que no fueron reportados al TSE
Se estableció que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña a nombre del partido político.
Ingeniería Integral, S.A trasladó un total de Q3.45 millones a las cuentas de MAARIV S.A. y de PROHABSA, los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE.
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al entonces candidato vicepresidencial y personas afiliadas al partido, quienes cambiaban los cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolvían el efectivo.
Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el partido UNE fueron cuantificados en Q27.7 millones.
Las capturas por el caso Financiamiento UNE
Tras revelarse el caso, Sandra Torres se puso a disposición del juzgado y entregó su pasaporte, luego de perder la segunda vuelta de las elecciones del 11 de agosto de ese año frente a Alejandro Giammattei, actual presidente.
El 2 de septiembre de 2019, Torres fue capturada cuando permanecía en su vivienda ubicada en el residencial Maderos 2, kilómetro 8 de carretera a El Salvador.
Por ese caso, otras seis personas ya habían sido capturadas; mientras que el excompañero de fórmula de la antes mencionada permanecía prófugo de la justicia. Pese a que el MP ya lo había ubicado en Estados Unidos.
En ese entonces, Juan Francisco Sandoval, quien estuvo a cargo de la FECI, confirmó que requirieron la detención de Leal Castillo, con fines de extradición. A pesar de los esfuerzos, no fue enviado para enfrentar a la justicia guatemalteca.
El Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, fue el que giró las órdenes de captura contra las personas detenidas, quienes eran acusadas de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.
Cambio de criterio a favor de Torres
El 16 de octubre de ese mismo año, Sandra Torres quedó ligada a proceso por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado y la enviaron a la prisión de Mariscal Zavala, por considerar que podía obstaculizar la averiguación de la verdad, según la resolución de la jueza Domínguez, quien tres años después cambió de criterio.
Fue el 8 de enero de 2020 que logró salir de la cárcel y gozó de arresto domiciliario. En ese entonces, fue la jueza de Mayor Riesgo E, Eva Recinos, quien le impuso el pago de una fianza de Q800 mil.
Mientras que el 31 de agosto de 2021, la Sala Segunda de Mayor Riesgo le concedió un amparo provisional, le cambió las medidas sustitutivas y revocó la prohibición que tenía para participar en actividades políticas. Además, dejó sin efecto el arresto domiciliario.
El 18 de diciembre de 2021, la defensa de Torres acudió a la FECI y puso a disposición el pasaporte con la visa estadounidense. Dos días después, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron de manera favorable un incidente planteado por la defensa de la señalada, la cual aseguraba que era inconstitucional su proceso penal, al considerar que los hechos por los que era sindicada ocurrieron en la campaña del 2015, mientras que el delito que se le imputaba había sido creado en el 2018 por el Congreso de la República.
Casi un año después, el 14 de octubre de 2022, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo le otorgó un amparo definitivo, lo que le permitió movilizarse en todo el territorio y participar en reuniones políticas.
El 3 de noviembre de 2022, en la audiencia de etapa intermedia, el MP modificó el delito de financiamiento electoral no registrado a financiamiento electoral y la acusación cambió a Q5.9 millones.
Después de 14 días, el MP solicitó que Sandra Torres enfrentara juicio por asociación ilícita y financiamiento electoral.
Cierre del caso y candidatura de Sandra Torres
Finalmente, el 29 de noviembre de 2022, la togada Claudette Domínguez, decretó el cierre del proceso a favor de Torres, y el de seis personas más por su presunta participación en ilícitos dentro del caso Financiamiento UNE.
A criterio de Domínguez, la investigación “carecía de sustento legal” y la pesquisa del MP “no tenía justificación legal. No señalaba roles de la supuesta estructura criminal”.
Tampoco enfrentó la justicia en el Caso Transurbano a pesar de que un testigo reveló que Sandra Torres coordinó de “facto” algunas políticas del gobierno de Álvaro Colom.
El 8 de enero de 2023, el partido UNE proclamó a Torres como su candidata presidencial para las elecciones de este año, por lo que buscará por tercera ocasión alcanzar la presidencia de Guatemala.