El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, tomó posesión del cargo a primera hora del domingo 17 de mayo de 2026 y, horas más tarde, anunció una serie de cambios dentro del ente investigador, incluida la liquidación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), argumentando una pérdida de credibilidad ante la ciudadanía.
La FECI fue creada en 2008 como una unidad complementaria a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una comisión respaldada por Naciones Unidas que trabajó durante 12 años en el país con el objetivo de investigar actos de corrupción y desarticular estructuras del crimen organizado infiltradas en el Estado guatemalteco.
“Desde mañana (18 de mayo de 2026), la FECI entra en una etapa de liquidación. Es porque, lastimosamente, la fiscalía ha perdido la credibilidad ciudadana”, declaró García Luna, quien además explicó que todos los expedientes y procesos de esa unidad serán revisados.
Durante la gestión de su antecesora, Consuelo Porras, la FECI fue objeto de señalamientos por ser utilizada para criminalizar a opositores, jueces y periodistas que investigaban actos de corrupción.
Curruchiche, el responsable de la liquidación de la FECI
La FECI estaba dirigida por Rafael Curruchiche, quien al igual que Porras fue sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.
El nuevo fiscal general también ordenó retirar las reservas de los procesos, siempre que estas no pongan en riesgo las investigaciones o a los sujetos procesales. Durante la gestión de Porras y Curruchiche, varias personas procesadas denunciaron que la fiscalía no les permitía conocer las acusaciones o las evidencias presentadas en su contra.
Caso Semilla
Uno de los casos más polémicos impulsados por la FECI fue el iniciado contra el Movimiento Semilla, agrupación que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia en 2023.
Tras denuncias relacionadas con presuntas falsedades ideológicas, asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, integrantes del partido señalaron que la fiscalía se negó a permitirles conocer detalles del proceso y las pruebas en su contra.
“Es prácticamente intolerante llevar casos bajo reserva desde el inicio hasta el final del proceso”, afirmó García Luna.
Revisarán casos de exiliados
El fiscal general también anunció la creación de una comisión especial para analizar cada uno de los expedientes de más de 100 exjueces, exfiscales, defensores de derechos humanos y periodistas que salieron al exilio mientras denunciaban persecución por parte del Ministerio Público.
“La idea principal es analizar cada uno de los casos. Las persecuciones sin proceso no tienen cabida”, expresó.
En mayo de 2025, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, cuestionó públicamente al Ministerio Público por mantener una política de criminalización contra sectores que investigaban actos de corrupción.
Además de la salida de Porras, García Luna informó que aceptó la renuncia del exsecretario general Ángel Pineda, quien también ha sido objeto de sanciones internacionales, y adelantó que otros cargos dentro de la institución serán revisados.