El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, juramentó el viernes, 15 de mayo de 2026, a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.
La juramentación se realizó un día antes de que concluya oficialmente la gestión de Consuelo Porras, quien permaneció al frente del ente investigador durante ocho años marcados por sanciones internacionales, denuncias de persecución política y el exilio de decenas de jueces, fiscales y periodistas.
A través de sus redes sociales, Arévalo indicó que el nombramiento se realizó en cumplimiento de su deber constitucional y deseó al nuevo jefe del MP “claridad, sabiduría y una ética inquebrantable” para dirigir la institución.
Proceso de elección de Fiscal General
La designación de García Luna ocurrió tras varias semanas de evaluaciones dentro de la Comisión de Postulación, presidida por Claudia Paredes. El proceso estuvo rodeado de tensiones y acciones legales, incluyendo una resolución de la Corte de Constitucionalidad que obligó a repetir parcialmente la integración de la nómina final de candidatos.
Posteriormente, el mandatario entrevistó en el Palacio Nacional de la Cultura a los seis aspirantes incluidos en la lista final, acompañado por funcionarios del Ejecutivo. Finalmente, Arévalo optó por García Luna para dirigir el ente investigador durante los próximos cuatro años.
El nuevo fiscal general asumió funciones oficialmente el 17 de mayo y permanecerá en el cargo hasta el 16 de mayo de 2030.
Piden cambios dentro del MP
En paralelo a la designación, el Ministerio Público confirmó que esta semana se desarrolló una reunión de transición entre las autoridades salientes y el equipo designado por García Luna. Según la institución, el encuentro tuvo carácter técnico y administrativo con el objetivo de garantizar un relevo ordenado dentro del MP.
La llegada de García Luna ocurre en medio de expectativas y presiones de distintos sectores sociales, políticos y empresariales que han demandado cambios dentro del Ministerio Público, especialmente tras años de señalamientos de persecución política, criminalización de operadores de justicia y cuestionamientos sobre el uso selectivo de la acción penal durante la administración de Porras.