Para No Ficción, Guatemala, esto es El Experimento.
Dos temporadas y doce capítulos para contar los éxitos y fracasos de la CICIG, el equipo internacional que reveló las entrañas corruptas del Estado de Guatemala.
Escrito y producido por Sebastián Escalón. Narrado por Guillermo Escalón.
Capítulo 1, Guatemala pide auxilio
El 19 de febrero de 2007 un hecho de sangre conmocionó a Guatemala. Un hecho que cambió el curso de su historia reciente.
Los tres diputados del partido Arena que fueron asesinados este lunes por la noche ingresaron a territorio guatemalteco ese mismo día a las 11 de la mañana como parte de un grupo de parlamentarios que viajaba en una caravana custodiada por la PNC de Guatemala. La caravana ingresó a la ciudad aún bajo custodia por lo que nadie se explica por qué los diputados nunca llegaron a su hotel y terminaron en las afueras de la ciudad.
Tres diputados salvadoreños del parlamento centroamericano y su chofer aparecieron muertos en un descampado a orillas de la capital.
La Fiscalía guatemalteca enfrentó serios problemas para procesar la escena del crimen debido a que el vehículo y los cuerpos fueron calcinados con la intención de borrar cualquier tipo de evidencia.
Los diputados habían viajado desde El Salvador escoltados por la policía. Fueron secuestrados en pleno día, en una de las calles más transitadas del país.
Los oscuros detalles del horrendo crimen a penas se empezaban a conocer la semana anterior. Cuando el vehículo en que se conducían los diputados Eduardo d’Aubuisson, William Pichinte, Ramón González y el agente auxiliar Gerardo Ramírez entró a la Zona 10 por el bulevar Los Próceres, fue interceptado frente al centro comercial La Pradera por este vehículo marca Toyota modelo Yaris, año 2006…
El hecho provocó un escándalo diplomático. El Salvador exigió que se hiciera la luz sobre el crimen. Incluso, envió al propio director de la policía salvadoreña, Rodrigo Ávila, a investigar el hecho.
Bajo la presión internacional, las autoridades guatemaltecas se movieron rápido. Pronto se supo que el crimen había sido realizado por miembros de la policía.
El rápido avance del caso fue posible gracias a métodos científicos como la instalación de un localizador satelital en el vehículo de la policía de Guatemala, lo que permitió determinar con certeza que estuvieron en la escena del crimen.
Cuatro agentes, entre ellos un alto mando policial, fueron capturados.
La mañana del jueves 22 fueron capturados el entonces jefe de investigación criminal Luis Arturo Herrera López de 39 años, los agentes José Adolfo Gutiérrez de 36 años, Marvin Lange Escobar de 31 años y José Estuardo López Arreaga de 28.
Fueron llevados a El Boquerón, una cárcel de máxima seguridad.
Se dijo que habían matado a los diputados para robarles un cargamento de droga o de dinero. Los ciudadanos podían respirar aliviados. Los asesinos habían sido neutralizados. Las autoridades habían demostrado capacidad y eficiencia.
Solo que… esta fachada no duró mucho. Duró seis días, para ser exactos.
Y ayer domingo se conoció que los cuatro agentes fueron asesinados en el interior de la cárcel de máxima seguridad de El Boquerón, ubicada en el kilómetro 65 en Cuilapa, departamento de Santa Rosa. Al parecer los asesinatos se produjeron en medio de un motín en el que los únicos muertos fueron los agentes que se presume fueron degollados.
No. No fue un motín. Esa fue la versión del Ministerio Público. Nadie se la creyó. Era demasiado conveniente. En realidad, un comando de hombres armados entró a la cárcel. Todas las rejas se les abrieron. Asesinaron a los agentes, y salieron del lugar sin que nadie se opusiera. Rodrigo Ávila, el director de la policía salvadoreña, entendió que estaba ante un crimen de Estado:
Lo más obvio en este momento es que las personas que cometieron el homicidio tienen nivel de influencia al interior de las estructuras policiales o estructuras penitenciarias o estructuras de Estado. Que son los que están enquistados allí, como estaban estos cuatro sujetos…
Para el gobierno de Guatemala, llovía sobre mojado.
El caso de los diputados salvadoreños y su motorista asesinados el pasado 19 de febrero da un giro dramático con este nueve asesinato múltiple, y pone más presión sobre las autoridades guatemaltecas para llegar al fondo en las investigaciones.
Y esto era la estocada final a la presidencia de Óscar Berger. Bajo su mandato, los niveles de violencia habían roto todos los récords. Una crisis política estalló. El ministro de gobernación Carlos Vielmann y el director de la policía, Erwin Sperisen, renunciaron.
Pero estos ocho asesinatos tuvieron un efecto aún más importante. Fueron ese empujón que a veces necesita la historia para cambiar de rumbo. La doble masacre demostró que Guatemala estaba desamparada frente al crimen organizado. Todas las instituciones estaban gangrenadas. Guatemala necesitaba ayuda. El gobierno tuvo que aceptar la que le ofrecía la comunidad internacional.
Y entonces, Naciones Unidas puso en marcha un experimento único en el mundo. Algo novedoso. Algo singular. Algo insólito. Guatemala se convirtió en un laboratorio a cielo abierto. Aquí, se puso a prueba una nueva fórmula, un tratamiento inédito para luchar contra la impunidad.
Ese experimento se llamó CICIG. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Ese mismo año empezaron a llegar a Guatemala fiscales, juristas, policías y criminólogos del mundo entero. Su misión: investigar a los grupos criminales que actuaban desde el Estado. Fortalecer al sistema de justicia. Proponer leyes para reducir la impunidad.
A lo largo de 12 años, la comisión identificó a más de 70 estructuras criminales. Llevó ante la justicia a más de 1,500 personas. Entre estas, cuatro presidentes. Aumentó las capacidades de investigación de la fiscalía. Y, sobre todo, expuso las entrañas de un Estado mafioso. Un Estado capturado por las élites económicas, militares, políticas y judiciales.
Guatemala no es el único país dominado por una cleptocracia descarada. No es el único en donde la corrupción es ley. En muchas otras naciones, acaso la mayoría, la impunidad se fabrica en las cortes, los palacios legislativos y las cámaras empresariales. Por eso, las lecciones que dejó CICIG trascienden las fronteras de Guatemala. Sus aciertos, sus errores, éxitos y fracasos hablan a todo el mundo. Por eso, queremos contar su historia.
Para muchos, el año 2000 traía esperanzas renovadas. La de un mundo en paz, la de un mundo mejor. Para Guatemala, era un regreso al pasado, a los tenebrosos años ochenta. El partido fundado por el exdictador Efraín Ríos Montt había ganado las elecciones. El general de las masacres dominaba el congreso, mientras Alfonso Portillo, que ocupaba la presidencia, abría las puertas a las viejas estructuras del terror. Los militares que habían secuestrado y torturado a miles de opositores durante la guerra civil regresaron a cargos oficiales.
Los aparatos del terrorismo de Estado seguían vivos. La muerte Juan Gerardi lo confirmaba. Dos años antes, el obispo había sido asesinado tras presentar el informe Guatemala: Nunca más. Un informe que recogía la memoria de las masacres de las dictaduras.
Los activistas de derechos humanos estaban al borde del pánico. El regreso de las estructuras de represión les quitaba el sueño. Estas estructuras a las que dieron un nombre. Las llamaron CIACS, Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad.
Frank La Rue Los aparatos clandestinos, normalmente los armaba inteligencia militar.
El es Frank La Rue, fundador del Centro de Acción legal para los derechos humanos.
Escuadrones de la muerte, grupos que infiltraban a la sociedad civil, infiltraban a organizaciones de derechos humanos, o familiares de desaparecidos o de víctimas.
Y los cuerpos ilegales eran los privados. También viene históricamente desde la Mano Blanca, grupos de matones, escuadrones de la muerte pero financiados desde la derecha, o partidos de derecha o desde intereses económicos, especialmente agrícolas.
¿De dónde venían estos cuerpos armados? La respuesta está en la guerra civil que acababa de terminar. Durante 36 años, el Ejército se enfrentó a grupos guerrilleros de inspiración marxista. Para vencer a la guerrilla, el Ejército lanzó una campaña de tierra arrasada. Cientos de aldeas fueron incendiadas. Decenas de miles de campesinos, la mayoría indígenas, fueron asesinados o forzados a huir.
Al principio, el Ejército contó con el apoyo financiero de Estados Unidos. La superpotencia no quería otra Cuba en América. Pero en 1977, las violaciones a los derechos humanos indignaron al presidente Jimmy Carter. Ordenó suspender la ayuda militar a Guatemala. Esto fue un golpe muy duro al régimen.
Para los militares, esto fue una ingratitud descomunal ¿Cómo podía ser que los gringos regalaran un millón de dólares diarios a El Salvador, y nada a Guatemala? ¿Acaso no estaban librando la misma batalla contra el comunismo? Era una injusticia. Pero igual, la guerra tenía que seguir. Y el dinero, tenían que encontrarlo de una u otra forma.
De eso se encargó la inteligencia militar. Además de la represión, los oficiales de inteligencia buscaron la manera de ser autosostenibles. Y la encontraron. Tomaron el control de las aduanas del país. Desde allí, empezaron a cobrar sobornos a los importadores. Desde allí, dirigían el contrabando.
Stein: Este es, para nosotros el inicio de las redes de defraudación aduanera. Y aquí aparecen los primeros indicios de involucramiento de algunos militares con el narcotráfico.
Él es Eduardo Stein, vicepresidente de Guatemala entre 2004 y 2008.
Los oficiales de inteligencia eran creativos. Pronto diversificaron sus fuentes de ingreso. Narcotráfico, robo de vehículos, secuestros, tráfico de personas, de maderas preciosas, de tesoros arqueológicos. Todo valía. La amenaza comunista lo justificaba todo.
Y mientras tanto, Estados Unidos siguió apoyando a los militares. De manera discreta, claro, para que no se enterara el Congreso. La CIA pagó sobresueldos a los oficiales que dirigían en la represión. Una especie de bono motivacional, por el buen desempeño.
¿O sea que estos cuerpos ilegales se crean y se mantienen en parte gracias al apoyo de la CIA?
Eduardo Stein: Es muy posible que así fuera. Nosotros encontramos algunos indicios dentro de papeles desclasificados, que en efecto se servían de un oficial militar guatemalteco que era el pagador de la CIA para este sistema de sobresueldos.
En 1996 callaron las armas. La guerra y las masacres dejaron 200 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos, un millón de desplazados. La guerrilla y el gobierno firmaron los acuerdos paz. Y en estos acuerdos, el Estado se comprometió a desmantelar sus cuerpos ilegales. Los escuadrones de la muerte y las estructuras de inteligencia debían desaparecer. Pero claro, esto no ocurrió.
Eduardo Stein: Nos dimos cuenta más bien que las estructuras clandestinas, que habían probado la miel de la ilegalidad con negocios oscuros para financiar la guerra sucia, como fue en el caso Irán Contra, seguían para el enriquecimiento ilícito.
Estos grupos se transformaron. Los oficiales ya solo buscaban enriquecerse.
Stein: se convirtieron en dispositivos de ordeño sistemático de fondos públicos. Estos aparatos creados para la represión se transmutaron en mecanismos de negocios ilegal.
Supieron adaptarse a los nuevos tiempos.
Claudia Samayoa: siguen funcionando como aparatos clandestinos, como sistemas de inteligencia operativa.
Ella es Claudia Samayoa, fundadora de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala.
Hacen inteligencia sobre nosotros, sobre la resistencia en contra de las mineras, los periodistas y los defensores de derechos humanos, o los Zetas que van en contra de los de Sinaloa, o como sea para mover mejor a los migrantes las nuevas rutas, lo que tú quieras ellos recogen información que se utiliza.
Mil actividades nuevas se abrieron a estas estructuras: sicariato, robo de carros, despojo de tierras, negocios corruptos con el Estado y las municipalidades. Pero para mantenerse impunes, estos CIACS debían controlar el sistema de justicia. ¿Cómo? Pues, lo de siempre: pago de sobornos, amenazas, ataques directos. Pero, poco a poco, se fueron sofisticando. Formaron sus propias de redes de abogados, fiscales y jueces amigos.
Claudia Samayoa: Nosotros hablamos de la democratización de la impunidad cuando las CIACS empiezan a generar abogados para incursionar y tomar y cooptar el sistema de justicia. Muchos de esos abogados formados por los militares son ahora nuestros flamantes magistrados en todas las Cortes posibles.
Varios grupos cobraron renombre en los noventas. Los más famosos fueron la Cofradía, del general Francisco Ortega Menaldo. Y su gran rival, el Sindicato, dirigido por el general Otto Pérez Molina, futuro presidente de la República.
A partir del año 2000, con la victoria electoral de Alfonso Portillo y Efraín Ríos Montt, estos grupos salieron de la sombra. Ortega Menaldo se convirtió en una suerte de consejero del presidente Alfonso Portillo.
Claudia Samayoa: Entonces para 1998 se hace más evidente para nosotros que estamos en las organizaciones de derechos humanos que estas estructuras seguían vivas y coleando cuando en el año 2000 ahí este cambio con el gobierno de Ríos Montt de regreso vemos de regreso gente de la estructura de Ortega Menaldo y Jacobo Salán Sánchez y y Napoleón Rojas
Con la llegada del año 2000, un escenario de pesadilla se abría para los defensores de los derechos humanos. Se sintieron desprotegidos, vulnerables. En ese contexto, un grupo de activistas se empezó a reunir. Buscaban una solución, una idea. Algo que mantuviera a raya a esos cuerpos represivos.
¿Quiénes eran?
Eran Helen Mack, Neri Ródenas, Frank la Rue Orlando Blanco, Miguel Ángel Albizures y yo. Éramos las personas que nos reuníamos cada semana.
Barajaron ideas. Movieron sus contactos internacionales. Y finalmente, plantearon una propuesta a la comunidad internacional. Era idea más bien modesta, muy lejos de lo que sería la CICIG. Sugirieron que Naciones Unidas realizara una investigación sobre esos grupos armados. Esta investigación produciría un informe. Y con ese informe, el Ministerio Público lanzaría acciones penales.
Naciones Unidas analizó la propuesta y dijo no. Eso no funcionaría. Un informe más en la estantería, ¿para qué? Con eso, ni cosquillas a la Cofradía o al Sindicato.
Naciones Unidas quería pensar en grande. ¿Qué tal si mejor una superfiscalía internacional para perseguir al crimen organizado? Los mejores investigadores del mundo podrían llegar a Guatemala a perseguir a estos aparatos de inteligencia. La propuesta llegó al gobierno de Guatemala, y el gobierno aceptó.
Guatemala es un país de paradojas. ¿Cómo es posible que un gobierno dominado por militares aceptara la idea de una fiscalía internacional husmeando sus negocios? Esto es lo que dice el expresidente Portillo:
Alfonso Portillo: Se nos ocurrió que la comunidad internacional podría ayudarnos. Que se hiciera una institución que nos ayudara a enfrentar los grupos ilegales de seguridad que siguen existiendo, se han fortalecido, están más fuertes que nunca.
fui el primer perseguido político de la CICIG, y después de vivir de lo que viví, creo que no era una idea errónea tener una CICIG.
Sí… ya hablaremos en detalle del caso Portillo.
Según Eduardo Stein, el presidente Portillo tenía otras razones. Lo que buscaba, afirma, era mejorar su perfil internacional. Quería lavarse la cara, por todas las acusaciones contra su gobierno.
Sea como sea, vale la pena recordar que los gobiernos están hechos de un solo bloque. Cada ministro jala para su lado. Hasta en los gobiernos corruptos, hay funcionarios con buenas intenciones. Y en el de Portillo, estaba el canciller Edgar Gutiérrez. Él impulsó la idea de una fiscalía internacional y la llevó hasta donde pudo.
Esta superfiscalía se llamaría CICIACS. Comisión Internacional contra los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. En enero de 2004, la ONU y el canciller Gutiérrez firmaron su acuerdo de creación.
Que nadie se engañe. Firmar un papel es muy fácil. A los gobernantes guatemaltecos les encanta firmar convenciones y tratados internacional. Cualquier cosa que les pongan delante, lo firman. Es alegre, quedan bien con todo el mundo. Saben que luego, el Congreso tiene que aprobarlos. Y eso, es otra historia.
Con la CICIACS pasó lo mismo. La CICIACS solo vería la luz si los diputados la ratificaban. Y el Congreso estaba dominado por un hombre: Efraín Ríos Montt. Todos sabían que el general no lo permitiría. Y no lo permitió. Allí murió el esfuerzo. Ese Congreso decidió que la CICIACS no vería la luz.
Cada cuatro años, Guatemala se llena de cancioncitas alegres. Marcan la temporada electoral. Prometen un futuro mejor que nunca llega. En 2003, los guatemaltecos eligieron a un presidente cercano a las élites empresariales. Óscar Berger sustituyó a Alfonso Portillo. El conejo tomó la silla del pollo ronco. Y Eduardo Stein, político y diplomático de gran prestigio, se convirtió en vicepresidente.
¿Se esfumaron así los fantasmas del pasado? ¿Salieron del gobierno las viejas estructuras represivas? No. Siguieron allí, buscando negocios, poder e impunidad. En esos años, Avemilgua, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, cobró mayor relevancia.
Helen Mack. Se me acercó a mí fue el vicepresidente Eduardo Stein, que dice que siempre lo pongo en problemas.
Ella es Helen Mack, activista por la justicia. Ella luchó durante años para que el asesinato de su hermana, la antropóloga Myrna Mack, fuera esclarecido y castigado.
Él me dice Helen, necesito que me apoyés porque estamos teniendo problemas de gobernanza… ¿Quiénes son los que te están chingando? le pregunté. ¿Los empresarios? No, esos no. ¿Entonces son los chafas cerotes? No porque como son activos, con ellos es saludo un, saludo dos. ¿Entonces quiénes son? Y me dijo Avemilgua. Que son los que tuvieron bajo control a Jimmy y que tienen bajo control a Giammattei. Avemilgua, entonces con eso ya me lo dijiste todo eso porque es con los que estaba peleando. La gente que mandó a matar a mi hermana era la gente de Avemilgua… pues ya teníamos experiencia, yo ya tenía experiencia.
Ya veremos que Avemilgua no eran los únicos. Había un cuerpo clandestino más activo y más violento dentro del gobierno de Berger.
No estaba claro si el nuevo gobierno retomaría el proyecto de CICIACS. Las élites empresariales no se ponían de acuerdo. Cada cual tenía su opinión. Sin embargo, el proyecto encontró dos promotores hábiles e hiperactivos. El vicepresidente Eduardo Stein y el jefe de la Comisión Presidencial para los derechos humanos Frank La Rue. Con ellos, y con la sociedad civil, el proyecto siguió adelante.
Lo primero que hicieron fue mandar el convenio a la Corte de Constitucionalidad. Sin el visto bueno de la Corte, no valía la pena intentarlo. Unos meses después, llegó la respuesta. Los magistrados mandaron a decir que no se podía. El convenio era anticonstitucional. Según la Corte, sólo el Ministerio Público tiene derecho a abrir causas penales. Ninguna superfiscalía internacional podía ejercer esa función.
Había, que escribir un nuevo convenio. Esta vez, lo llamarían Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala. Adiós CICIACS, bienvenida CICIG. Parecían iguales, pero no lo eran. CICIG no sería una superfiscalía. Sería un cuerpo de apoyo al Ministerio Público. Los miembros de CICIG no sustituirían a la policía, ni a los fiscales. Sólo les echaría una mano. Era menos ambicioso, pero a la vez, más aceptable para las autoridades nacionales.
Hasta cierto punto. Tampoco CICIG era fácil de aceptar. Con el gobierno de Berger pasaba lo mismo que con Alfonso Portillo. Una paradoja. Una contradicción que cuesta entender. Una parte del gobierno promovía la CICIG con toda su fe. Pero ese mismo gobierno incluía al cuerpo armado más violento del país. Desde la policía y el Ministerio de Gobernación operaba un grupo dedicado a la limpieza social. Ese grupo asesinó a cientos o miles jóvenes sospechosos de ser pandilleros.
En esos años, la violencia urbana se disparó. En el gobierno, algunos pensaron que la mejor solución era el exterminio.
Claudia Samayoa: Los números son inciertos, se habla entre 2600 y 2000 jóvenes ejecutados y desaparecidos por estas estructuras.
Estos jóvenes eran secuestrados, torturados, y tirados, ya muertos, sobre las cunetas. La señal distintiva de los escuadrones de la muerte
Alejandro Rodríguez: En el 2004 subió Carlos Vielman al ministerio de Gobernación y él lleva esta agenda del sector empresarial, y deshacerse de todo lo que es pandilleros y hacer ejecuciones extrajudiciales.
Alejandro Rodríguez Barillas era asesor del procurador de los derechos humanos en esos años. La PDH fue la primera institución en investigar y denunciar esta política de exterminio.
El gobierno de Berger fue un gobierno de dos caras. Una cara siniestra para controlar el bajo mundo y lucrarse de él, y una cara amable y sonriente para los foros internacionales. Una cara decente que ha negado siempre la existencia de la otra.
Pero según organizaciones de derechos humanos esto no eran casos aislados de policías, sino una política de estado.
Eduardo Stein: En ese sentido yo rechazo categóricamente semejante opinión. Que existiera una política intencional del Estado Guatemalteco de limpieza social al menos, yo en lo personal con todo lo que estuve involucrado, yo si rechazo categóricamente que fuera una política de Estado.
Mateo 6 versículo 3: que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha.
Eduardo Stein y Frank La Rue prosiguieron sus esfuerzos en pro de la CICIG. Y en diciembre del 2006, el vicepresidente firmó un nuevo convenio con Naciones Unidas. Pero, ya sabemos lo que valen esas firmas. Los dos promotores de CICIG no estaban ni a la mitad del camino.
De hecho, el gobierno, satisfecho con haber firmado un trozo de papel, decidió meterlo en un cajón. Allí se mantuvo por dos largos meses. Lo normal hubiera sido que el presidente en persona promoviera la CICIG ante el Congreso. Que exigiera públicamente la ratificación del convenio. No sucedió así.
Pero la historia tiene otras maneras para ponerse en marcha. El 19 de febrero, los diputados salvadoreños. La crisis política. El bochorno mundial. Los criminales de la policía habían ido demasiado lejos. Los integrantes de la estructura del ministerio de gobernación empezaron a matarse entre sí, empezando por los cuatro policías presos en la cárcel de El Boquerón.
Helen Mack: lo que dio las condiciones para la aprobación fue lo de los parlamentarios. Porque eso solamente confirma la existencia de los Ciacs y su capacidad operativa y que era la gente misma del Estado.
El presidente Berger ya no tenía opción. Envió el convenio de CICIG al Congreso y la batalla por su ratificación pudo empezar. No fue fácil.
La clase política se polarizó. Se cavaron las trincheras ideológicas. Los que se oponían a la comisión empezaron a ocupar medios de comunicación.
Claudia Samayoa: Allí empiezan las voces de la Marroquín, Armando de la Torre y varios a argumentar inconstitucionalidades. Empieza la Marroquín y los libertarios hablar de inconstitucionalidades, a hablar de la soberanía argumentos que se mantuvieron.
Los foros y debates se multiplicaron alrededor del tema.
Los analistas de la universidad Francisco Marroquín estaban en contra. Entre ellos, Pedro Trujillo.
Eso no es asesoría, ese es el tema. No es asesoría, es una maquinaria que está por encima, o paralela al Estado. Yo me atrevería a decir que por encima, según esto. Y lo peor, nos va a distraer la atención, en vez de focalizar la atención en una estrategia a quince años, de nosotros mismos de arreglar nuestros problemas.
Y José Luís González Dubón:
Dionisio: Doctor González, ¿qué de malo puede darle a Guatemala Cicig, si termina aprobado el proyecto?
González Dubón: No se puede construir un estado de derecho fuera del derecho, violando el derecho. No se puede.
Columnistas de opinión como Luis Figueroa compararon a la CICIG con la KGB y con la Stasi, la policía secreta de Alemania del Este.
En frente, Frank La Rue, Eduardo Stein y la sociedad civil, repitieron su argumento favorito:
La Rue: El que se opone es narco.
El que se opone es narco. El que se opone es cómplice de la impunidad. Más que un argumento, era una descalificación. Pero en política todo se vale.
Pero quedaba el obstáculo mayor. El congreso. La mayoría de los partidos estaban en contra, pero no querían decirlo frente a las cámaras. No podían, por eso de “el que se opone es narco”. Entonces, los diputados armaron su circo habitual: se hicieron los locos, pusieron excusas, cambiaron de tema, lanzaron cortinas de humo. El tiempo corría a su favor.
La jugada se repitió varias veces. El presidente del Congreso anunciaba la votación sobre CICIG para el día siguiente. Pero minutos antes de empezar la sesión, la sacaba de la agenda.
Stein: yo recuerdo que fueron seis veces lo que ocurrió eso, que en el último minuto retiraban de la agenda.
Y a la séptima, el vicepresidente perdió la paciencia.
Eduardo Stein: Y yo dije entonces que aquellos de los diputados que no querían que el tema se tratara en es porque estaban escondiendo su gusanera. Esa declaración se repitió por todas las emisoras del país, medios televisivos, salió en la prensa, hubo caricaturas, pero hubo una reacción de indignación de algunos miembros del congreso porque en su opinión yo les había llamado gusanos
La comunidad internacional, y la propia embajada de los Estados Unidos, hicieron valer su influencia.
Frank La Rue. Uno no puede decir que la embajada forzó la decisión, pero si influyó en algunos sectores y en algunos diputados el hecho de saber que la embajada estaba a favor de que se aprobara la Cicig.
Y finalmente, el primero de agosto de 2007, el gran día llegó. El pleno del Congreso tuvo que discutir la propuesta. Los diputados estaban contra la pared. O decían que sí, y bien para ellos. O decían que no, y todos los llamarían narcos.
Los diputados hicieron un último intento para escabullirse. En aquella sesión, hubo de todo, incluido una amenaza de bomba. Lo que fuera para perder tiempo. Algunos diputados llegaron tardísimo, otros, tomaron la palabra por horas para no decir nada. Y al momento de la votación, varios de ellos sintieron la urgencia de ir al baño. Todo por romper el cuórum. Todo por no apretar el botón.
Eduardo Stein: Afortunadamente nunca he padecido del corazón
Pero la presión era demasiado fuerte. Al final del día, 110 diputados votaron a favor. La CICIG ganó su derecho a nacer.
Stein: Yo todavía no lo creo cuando por fin recibimos la noticia de que se había ratificado.
A favor de la CICIG, votaron los de la UNE, del Partido Patriota y de los minipartidos de izquierda. También votó a favor la UCN, el brazo político del narco. En contra, votó el partido de Ríos Montt y el del alcalde de Guatemala Álvaro Arzú. De los que votaron a favor, varios fueron blanco de la CICIG en los años siguientes: Roxana Baldetti, César Fajardo, Gudy Rivera, Anabella de León, Baudilio Hichos, Manolito Castillo, Manuel Baldizón. Todos ellos, sin duda, lamentaron haberse levantado ese día.
Y así, se abrió la era CICIG. El experimento podía empezar. La justicia internacional tenía una nueva herramienta.
En septiembre de 2007, mes de la patria, aterrizó en Guatemala este hombre:
Carlos Castresana, fiscal español, primer comisionado de la CICIG. Pero esto será en el segundo capítulo de El Experimento.