En una semana marcada por el desconcierto, la justicia guatemalteca perdió a dos importantes servidoras judiciales: Virginia Laparra y Patricia Gámez. Ambas renuncias han generado preocupación y debate sobre el estado del sistema judicial en el país.
Renuncia de Virginia Laparra
La exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, anunció el jueves 6 de junio su renuncia como fiscal del Ministerio Público (MP) después de 16 años de servicio. Esta decisión fue tomada en medio de procesos penales en su contra, que según ella, han sido una forma de criminalizar su labor.
Laparra, señalada en dos casos—uno con condena y otro en juicio—pasó más de un año y medio en prisión antes de obtener su libertad recientemente. En un comunicado, explicó que la negativa arbitraria de permitirle reincorporarse a sus labores fue una de las razones principales para su renuncia.
«Tomo esta difícil decisión pues el esfuerzo continuo de criminalizar mi labor ha tenido como una de sus consecuencias que, de forma arbitraria, se me niegue la posibilidad de reincorporarme a mis labores, como una especie de pena anticipada», señaló.
Laparra expresó su orgullo por su trabajo en el MP, desde sus inicios como pasante hasta la dirección de complejas investigaciones contra el crimen organizado. Denunció la persecución y hostigamiento que ha sufrido, al igual que otros fiscales que, según ella, han sido destituidos por mantenerse firmes en sus principios.
«Termino un capítulo de mi vida como fiscal de carrera, con alegría y orgullo, a pesar de los reiterados esfuerzos de quebrarme y pisotearme por haber cumplido con mi deber. No lo han logrado, ni lo lograrán pues tengo a mi disposición armas que me han permitido derrotar a la muerte misma: mis hijas, mi familia y mis amistades más queridas», afirmó Laparra, quien continuará su vida profesional en otras áreas, dedicándose siempre a construir un mundo más justo.
Renuncia de Patricia Gámez
Un día antes, la jueza del Organismo Judicial (OJ) Patricia Gámez presentó su renuncia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Gámez, quien servía como Jueza de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Sacatepéquez, interpretó su traslado al municipio de Mixco como un despido indirecto con fraude de ley.
La jueza explicó que fue notificada por el Pleno sobre su nuevo nombramiento, que implicaba un traslado a Mixco.
«En términos correctos renovar el mismo, pues he desempeñado el cargo de forma ininterrumpida desde que ingresé», dijo Gámez. Sin embargo, señaló que este traslado alteraba las condiciones de su servicio.
Gámez destacó que la decisión de la CSJ se fundamentaba en los artículos 208 y 209 de la Constitución Política, pero consideró que la resolución incumplía la ley al nombrarla nuevamente pero con un nuevo destino. Por ello, decidió dar por finalizada su relación con el OJ, presentando su renuncia al cargo de juez de primera instancia.
«Al haber alterado las condiciones del servicio con la decisión de asignación a un nuevo destino y renovar mi nombramiento, estimo que se ha incurrido en un despido indirecto con fraude de ley», afirmó. Finalmente, agradeció al OJ por permitirle servir al país durante 25 años con «independencia, responsabilidad y transparencia».
Reacciones y consecuencias
La salida de Laparra y Gámez ha generado una ola de comentarios y reflexiones sobre la integridad y el funcionamiento del sistema judicial guatemalteco. Ambos casos resaltan las dificultades y presiones que enfrentan los funcionarios judiciales en su lucha contra la corrupción y por la justicia.
La comunidad jurídica y la sociedad civil han expresado su apoyo y reconocimiento a ambas profesionales por su dedicación y valentía.