En un fuerte pronunciamiento emitido el 13 de mayo, Human Rights Watch (HRW) instó a la Unión Europea (UE) a ampliar las sanciones contra funcionarios guatemaltecos responsables de debilitar la democracia y el Estado de derecho en el país.
A través de una carta dirigida a Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, la organización internacional expresó su “profunda preocupación” ante el agravamiento de la persecución política en Guatemala.
En su carta, HRW celebró los esfuerzos previos del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en apoyo a la democracia guatemalteca, pero urgió a tomar medidas más contundentes para frenar la creciente criminalización de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos.
La organización solicitó la ampliación de las sanciones, incluyendo congelación de activos y prohibición de viajes, como una herramienta vital para presionar por el respeto al Estado de derecho.
Funcionarios clave en la destrucción de la democracia
Se señalan a funcionarios clave en la destrucción de la democracia
HRW detalló en su carta una lista de figuras políticas y judiciales que, según la organización, están exacerbando la crisis de gobernabilidad en Guatemala. Entre los nombres destacados se encuentran:
- Felipe Alejos Lorenzana: Diputado señalado por liderar esfuerzos para reemplazar a las autoridades del Congreso y facilitar investigaciones legislativas contra el presidente Bernardo Arévalo con base en «casos espurios». Alejos ya ha sido sancionado por EE. UU. y el Reino Unido por presuntos actos de corrupción.
- Álvaro Arzú Escobar: Miembro del Congreso implicado en respaldar procesos penales para revertir los resultados de las elecciones de 2023. HRW resaltó que también está vinculado a los esfuerzos para remplazar a las autoridades legislativas, siendo igualmente sancionado por Estados Unidos.
- Dimas Jiménez: Fiscal regional bajo el control de la fiscal general, Consuelo Porras, señalado por respaldar casos judiciales manipulados para atacar a figuras políticas y sociales. Uno de estos casos incluye un proceso penal contra el presidente electo Arévalo y la vicepresidenta electa Herrera.
- Luis Mauricio Corado Campos: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia implicado en la posible sustitución de jueces con el fin de frenar investigaciones que afecten a figuras poderosas del país.
- Carol Patricia Flores Polanco: Jueza acusada de autorizar “procesos penales abusivos” que han afectado a defensores de derechos humanos y figuras públicas críticas del gobierno.
- Víctor Manuel Cruz Rivera y Jimi Rodolfo Bremer Ramírez: Jueces involucrados en la aprobación de procesos penales contra manifestantes, periodistas y exfuncionarios de la CICIG, y en la detención de personas clave para la lucha contra la corrupción. Ambos están sancionados por Estados Unidos.
Un llamado urgente a la UE
HRW concluyó su mensaje instando a la UE a que no se detenga en la condena simbólica, sino que adopte acciones más decididas para evitar que Guatemala siga descendiendo en su lucha por la democracia. Las sanciones, como la congelación de activos y la prohibición de viajes, no solo son una respuesta a la corrupción, sino una medida para frenar el abuso de poder en un país donde la justicia parece haber sido secuestrada por quienes buscan preservar su impunidad.
Es un momento crucial para que la comunidad internacional, liderada por la Unión Europea, asuma su responsabilidad en la protección de la democracia guatemalteca.