La reciente liberación de la exjueza Jisela Reinoso, quien salió de prisión el pasado 20 de diciembre de 2024 tras cumplir únicamente siete de los trece años a los que fue condenada, ha generado indignación y dudas sobre la aplicación de la justicia en Guatemala. Reinoso, quien en 2017 recibió una condena firme por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, logró salir de prisión seis años antes del fin de su sentencia.
En un sistema judicial donde los casos de corrupción suelen estar rodeados de favoritismos y aparentes privilegios, la liberación anticipada de Reinoso deja un sabor amargo. No se trata solo de los 13 años de prisión inconmutables que se le impusieron en su momento, sino también de la multa de Q828 mil 869.94 que debía pagar por sus actos ilícitos. ¿Se cumplió con el pago de esta sanción económica? Hasta el momento, no hay claridad sobre el tema, lo que suma más sombras a este caso.
Jisela Reinoso: un espejo de la corrupción judicial
La condena de Reinoso fue resultado de un exhaustivo trabajo de las antiguas autoridades del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En 2015, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió retirarle la inmunidad debido a las evidencias de un incremento injustificado de su patrimonio. Las investigaciones revelaron que la exjueza poseía bienes que excedían, por mucho, sus ingresos como funcionaria y docente, y que algunas propiedades fueron adquiridas con fondos de origen desconocido.
Entre los hallazgos más graves, la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) documentó pagos de cuotas de enganche y créditos hipotecarios con dinero que no figuraba en sus cuentas bancarias. Una vivienda, cuyo costo superaba ampliamente su capacidad financiera, fue parcialmente cancelada con recursos cuyo origen no pudo ser justificado. Además, la Contraloría General de Cuentas (CGC) solo encontró una declaración patrimonial de Reinoso, fechada en 2004, a pesar de que en años posteriores adquirió múltiples bienes inmuebles.
Este caso no solo evidenció la corrupción dentro del sistema judicial, sino también los mecanismos que permiten a algunos actores acumular riquezas ilícitas sin mayores consecuencias. La condena de Reinoso fue vista como un ejemplo de que, con esfuerzo, es posible combatir la impunidad en Guatemala. Sin embargo, su liberación temprana pone en tela de juicio dicho logro.
¿Justicia para todos o justicia para algunos?
La reducción de la condena de Reinoso levanta preguntas incómodas: ¿cuáles fueron las razones legales que permitieron su salida anticipada? ¿Se trató de buena conducta, de beneficios penitenciarios, o hubo algún tipo de negociación tras bambalinas? Estas interrogantes no han sido respondidas con claridad por las autoridades correspondientes.
El mensaje que envía este tipo de decisiones es preocupante. Mientras cientos de guatemaltecos enfrentan penas completas por delitos menores, figuras públicas condenadas por actos de corrupción parecen disfrutar de un sistema más flexible y permisivo. Este contraste alimenta la percepción de que la justicia en el país sigue siendo desigual y que los privilegios siguen prevaleciendo sobre la equidad.