En múltiples oportunidades me he permitido señalar variedad de ilegalidades que ha cometido Consuelo Porras en el ejercicio de su mandato. Los desatinos más recientes se dan en el marco del pulso Gobierno-MP.
La cúspide de los desvaríos se dio en el marco de la conferencia de prensa del pasado 2 de agosto, en la que cuatro funcionarios del MP abonaron en el terreno de las transgresiones de la fiscalía hacia la gobernabilidad.
Los antecedentes de la rueda de prensa a la que hago relación en el párrafo anterior iniciaron dos días antes, cuando Consuelo Porras difundió un video de 17 minutos en el que amenazó al gobierno y le disparó dardos cargados de falsedades.
Entre las vociferaciones de Porras estaba la afirmación del beneplácito con que el gobierno recibió un “informe a modo” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un hecho completamente falso, pues el gobierno aún no ha recibido ningún informe relacionado con la reciente visita “in loco” de la CIDH al país.
Un día después, Bernardo Arévalo, acompañado de la vicepresidenta de la república, ministros y algunos secretarios de la presidencia de la república, anunció en conferencia de prensa la presentación de una querella contra la fiscal general por varios hechos, siendo el más relevante el que se relaciona con datos sensibles secuestrados del Tribunal Supremo Electoral por la fiscalía, que de acuerdo con la Constitución de la República, únicamente debe poseer la autoridad electoral y los partidos políticos.
La denuncia del gobernante es válida. La información requerida por la fiscalía violenta el artículo 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos porque constituye una injerencia abusiva y arbitraria en la vida privada de los ciudadanos guatemaltecos.
La respuesta de Consuelo Porras no se hizo esperar. Unas horas después, en el MP se desarrolló una conferencia de prensa. Con una voz apenas audible, Ángel Pineda, actor corrupto multi-sancionado por distintos gobiernos del mundo, pronunció las acostumbradas falsedades y contradicciones, como negar la investigación contra ministros y funcionarios de gobiernos, algo contrario a lo que manifestó hace menos de 3 meses en una entrevista a modo realizada en Canal Antigua.
Siguió el secretario contra la corrupción, quien realizó una explicación tendenciosa sobre la reserva. Valga decir que la reserva tiene como propósito resguardar información cuya publicidad pudiera poner en riesgo el éxito de la investigación. Consuelo Porras la ha utilizado para impedir que los propios investigados puedan ejercer su defensa.
Aquí vemos asomarse la perversión del MP, que ha mantenido en reserva la causa contra Movimiento Semilla para evitar que los involucrados se defiendan. Convenientemente, solicitaron levantar la reserva sólo para hacer una conferencia de prensa y así tratar de apalear al gobierno.
Si un caso está en reserva, se supone que es para garantizar las resultas de la pesquisa. Si brindar una conferencia de prensa contra el gobierno era la razón de suspender la reserva, el juez nunca debió autorizarlo.
A todas luces, la finalidad del levantamiento parcial de la medida era maliciosa: usar la potestad de investigación con la pretensión de dejar mal al gobierno frente a la opinión pública. En la cadena de despropósitos que he reseñado, siguió en turno Rafael Curruchiche, quien en todo caso nunca debió actuar en la investigación de marras.
Por sentido ético y por impedimento legal (Ley Orgánica del Ministerio Público, Código Procesal Penal y Ley del Organismo Judicial), no podía actuar en la causa, ya que involucra a Blanca Alfaro, quien denunció a un pariente cercano de Curruchiche por ilegalidades en el Tribunal Supremo Electoral.
Esto suma a la actitud de Rafael Curruchiche en redes sociales, en manifestaciones en contra de los propios investigados en los expedientes a su cargo.
En la conferencia de prensa a la que hago referencia, finalizó interviniendo Leonor Morales Lazo, una fiscal que contrario a su deber de objetividad, ataca a los investigados con calificativos que son contrarios a la calidad profesional con que debiera desempeñar su función.
En su intervención, anunció que la FECI pidió al juez “certificar lo conducente” contra la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, y en contra de Santiago Palomo, secretario de comunicación social de la Presidencia de la República.
Esta figura (“certificar lo conducente”) procede cuando se desea que un órgano jurisdiccional haga constar que posiblemente se cometió un delito, pero obviamente para personas sin capacidad de investigar. ¿Por qué el MP solicitó “certificar lo conducente” si es la institución encargada de investigar? Otro desvarío de Consuelo Porras y el CIACS que instaló en el Ministerio Público.
Dando lectura al patrón de actuación de mala fe, se interpreta que en el futuro, cuando cuestionen estos disparates, van a responder: el juez fue quien ordenó investigar a Blanca Alfaro y Santiago Palomo.
Los guatemaltecos nos merecemos un MP profesional que busque la verdad y la justicia y no que se mueva con desvaríos para justificar pretensiones antidemocráticas.