Los jueces a cargo de los Juzgados de Mayor Riesgo que llevan los casos de alto impacto en el país solicitaron apoyo de la Fiscal General para que investigue los seguimientos y vigilancia a los que son víctimas y que se desestimen las decenas de casos donde son acusados, pero los casos no tienen sustento.
Erika Aifán, Pablo Xetumul, Miguel Ángel Gálvez y Yassmin Barrios acudieron personalmente a la sede del Ministerio Público para solicitar el apoyo de la Fiscal General, Consuelo Porras. Aifán explicó que muchas de las denuncias son infundadas. “La más antigua, en mi caso, es del 2012, estamos hablando más de nueve años. La ley establece 20 días para que el mp inicie investigación” explicó la jueza
También solicitaron que se investigue los seguimientos de los que son víctimas por parte de vehículos sin placas y hombres armados.
“Cómo es posible que haya denuncias de años, hay hostigamiento a los jueces, se me ha estado hostigando con personas armadas, eso es atentar en contra del Organismo Judicial (OJ)”, denunció el juez Gálvez.
Pablo Xitumul explicó que en una ocasión lograron que la PNC detuviera a hombres que lo seguían, pero los dejaron ir. “El MP dice que no puede investigar porque son vehículo sin placas y desestiman los casos. Pero a nosotros sí nos investigan” explicó Xitumul.
Por su parte Yassmin Barrios denunció que el Director de la PNC ordenó que los agentes que la cuidan deban hacer un informe diario de sus movimientos y reuniones. “No tengo miedo, pero se está violentando la independencia judicial” explicó Barrios.
Los afectados explicaron que estas acciones son formas de hostigamiento por los casos que conocen. Los cuatro jueces gozan de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).