El Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, dictó este lunes 13 de octubre de 2025 una sentencia que pasará a la historia como otro golpe a la lucha contra la corrupción. En una polémica resolución, Castellanos absolvió a Douglas René Charchal exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia; Gustavo Martínez Luna, exsecretario de la Presidencia durante el gobierno del extinto Partido Patriota; Mario Ruano San José exasistente de Charchal; Julio Norberto Esquivel Orellana y Lázaro Noé Reyes Matta, todos procesados dentro del emblemático caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El tribunal concluyó que el Ministerio Público no logró sustentar los cargos de lavado de dinero, asociación ilícita, fraude, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cohecho pasivo, pese a la abundante documentación recabada durante la investigación original. Sin embargo, más que un análisis jurídico, el fallo refleja la completa captura del sistema judicial guatemalteco por los intereses que alguna vez fueron señalados por corrupción.
Jueza busca perseguir a exfiscales
La jueza Castellanos no solo absolvió a los acusados, sino que además ordenó investigar a los exfiscales que firmaron el acuerdo de colaboración eficaz con Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Roxana Baldetti y pieza clave para desmantelar las redes de sobornos que operaban en la Portuaria Quetzal. Con esa decisión, el tribunal atacó directamente a quienes contribuyeron a esclarecer uno de los mayores casos de corrupción del país.
Durante la audiencia, la jueza calificó la investigación como un “show” y una “farsa”, desestimando los testimonios, documentos y pruebas presentadas años atrás por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuando ambas instituciones estaban dirigidas por Iván Velásquez y Juan Francisco Sandoval, respectivamente.
El MP se convirtió en un órgano de persecución
El actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, quien están sancionado por más de 40 países por corrupción judicial, celebró la sentencia y aprovechó la ocasión para atacar nuevamente a Sandoval y Velásquez. Con ello, confirmó que el Ministerio Público bajo el mando de Consuelo Porras ha dejado de ser un órgano de investigación para convertirse en una maquinaria de persecución contra quienes alguna vez desafiaron la impunidad.
La absolución en el caso TCQ no solo libera a cinco hombres acusados de haber beneficiado intereses privados con contratos millonarios, sino que también entierra años de trabajo judicial y cooperación internacional. Lo que fue un símbolo del combate a la corrupción se transforma hoy en un recordatorio del retroceso institucional que vive Guatemala.
Mientras la justicia exonera a exmagistrados y operadores políticos, los fiscales honestos son procesados, y los exiliados siguen pagando el precio de haber hecho su trabajo. Con este fallo, la jueza María Eugenia Castellanos no solo cerró un caso, sino que consagró la impunidad como ley en Guatemala.
Caso TCQ
El caso TCQ fue una de las investigaciones más importantes impulsadas por la CICIG y la FECI. Reveló cómo altos funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti negociaron sobornos millonarios a cambio de autorizar la construcción y operación de una terminal privada de contenedores en la Portuaria Quetzal.
Según las pesquisas, los pagos ilegales fueron canalizados a través de intermediarios y estructuras políticas que beneficiaron directamente a funcionarios de alto nivel. La sentencia de este lunes deja sin responsables judiciales una red de corrupción que había sido documentada con pruebas y testimonios clave, sepultando uno de los casos más emblemáticos del combate a la impunidad en Guatemala.