El exfiscal anticorrupción Stuardo Campo se encuentra en el centro de una polémica que no solo ha destapado irregularidades, sino que también ha evidenciado la fragilidad del sistema judicial guatemalteco. Con una destacada carrera de 12 años en el Ministerio Público (MP), el exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, reconocido por su arduo trabajo en la lucha contra este flagelo, enfrenta acusaciones por presunto incumplimiento de deberes en dos casos.
No obstante, él mismo sostiene que estas acciones constituyen una «persecución política y judicial». Desde su perspectiva, estas acusaciones son un intento por socavar su labor y proteger a aquellos involucrados en actos de corrupción.
Según Campo, estas acusaciones tienen sus raíces en su negativa a obedecer órdenes ilegales y su intento por enfrentar la corrupción desde el seno mismo de la Fiscalía contra la Corrupción. «No he protegido a los integrantes de este pacto de corruptos, y por ello, me encuentro en esta situación», sostiene Campo.
El drama legal de Campo comenzó en mayo de 2023, cuando fue inicialmente capturado. Aunque un juez le otorgó arresto domiciliario en agosto del mismo año, permitiéndole el uso de un dispositivo de control telemático, fue nuevamente arrestado en diciembre bajo una segunda causa, desde entonces permanece en prisión.
Retardo malicioso en caso contra Stuardo Campo
El exfiscal se enfrenta ahora a una acusación en reserva en un segundo caso, donde los detalles de la misma son desconocidos para cualquier persona fuera del proceso judicial. Lo más preocupante es que la prolongación de su detención parece ser resultado de un retardo malicioso, orquestado por jueces que han sido sancionados internacionalmente por corrupción judicial, como Víctor Cruz y Jimi Bremer, así como por la Sala Primera de Apelaciones, quienes actúan aparentemente en contubernio con Consuelo Porras.
Este retardo malicioso quedó expuesto cuando una audiencia programada para el 20 de marzo, en la cual se debía solicitar la liberación de Campo, fue pospuesta por orden del juez Cruz hasta el próximo 28 de mayo. Esta demora, que parece más una estrategia dilatoria que un procedimiento legal justo, mantiene a Campo en prisión preventiva, sin que se resuelva su situación jurídica.
Campo paga por libertad en condicional y está en prisión
La lucha de Campo por su libertad también ha sido afectada por las condiciones económicas, ya que, aunque se le concedió arresto domiciliario en agosto pasado, se le exigió el pago de la tobillera electrónica, un dispositivo que en otros países de la región es proporcionado gratuitamente a los acusados. En Guatemala, Campo debe pagar Q50 diarios o Q1 mil 500 mensuales.
A pesar de los pagos mensuales que realiza la defensa de Campo al área de coordinación administrativa de la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación (Mingob), su libertad no está garantizada. Hasta la fecha, Campo ha desembolsado Q9 mil en estos pagos, sin obtener aún la libertad condicional que le fue prometida.
El caso de Stuardo Campo pone de manifiesto las debilidades y las irregularidades en el sistema judicial guatemalteco, donde la politización y la corrupción parecen estar minando la justicia misma. Mientras tanto, el exfiscal continúa luchando desde prisión por su inocencia, en un país donde la lucha contra la corrupción parece tener un alto costo personal y judicial.