El caso Fénix es una de las investigaciones más emblemáticas que expuso la corrupción estructural dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Iniciada por la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La investigación evidenció un complejo esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios, funcionarios y operadores políticos.
El caso se remonta al año 2004, cuando la Intendencia de Verificación Especial (IVE) emitió un informe que revelaba movimientos financieros sospechosos por más de Q350 millones, fondos que habían sido extraídos del IGSS bajo el pretexto de un fideicomiso de vivienda. La denuncia fue presentada oficialmente por el IGSS en enero de 2005, y aunque inicialmente el caso fue desestimado en 2014, fue reactivado por la FECI y la CICIG.
Gustavo Herrera Castillo y su vínculo con el caso Fénix
La estructura criminal habría utilizado sociedades anónimas, sociedades limitadas y empresas off shore vinculadas a Gustavo Adolfo «Gato» Herrera Castillo, operador político con influencia en el sistema judicial. A través del Grupo Empresarial UNISERV, el Banco Uno y el propio IGSS, se habría conformado un fideicomiso con apariencia legal para desviar los fondos. La red ejecutó transferencias financieras fragmentadas tanto en moneda nacional como extranjera, lo que permitió encubrir el origen ilícito del dinero.
La reactivación del caso permitió documentar que Herrera Castillo fue beneficiado directamente con esos fondos. Por ello, en 2019 se giró una orden de captura en su contra. Sin embargo, Herrera se trasladó a Nicaragua, donde obtuvo asilo político, y recientemente, en una decisión criticada por sectores anticorrupción, la jueza de Mayor Riesgo «D», Abelina Cruz, anuló dicha orden de captura.
Ahora persiguen a quienes investigaron el caso Fénix
Hoy, el Caso Fénix simboliza también la persecución contra quienes lideraron la lucha contra la corrupción en Guatemala. La fiscal general Consuelo Porras, sancionada por EE. UU. y la Unión Europea por obstruir la justicia, desmanteló la FECI y ordenó cambios que paralizaron la investigación. En lugar de avanzar contra los corruptos, el Ministerio Público persigue a la exjueza Erika Aifán, a la exjefa del MP, Thelma Aldana, y al exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, todos en el exilio.
Mientras la impunidad se afianza, la ciudadanía recuerda que hubo un momento en que la justicia avanzaba en Guatemala. El Caso Fénix fue prueba de que era posible investigar redes de alto nivel, aunque hoy el sistema proteja a los saqueadores del Estado y persiga a quienes los enfrentaron.