En menos de 48 horas, la Corte de Constitucionalidad (CC) cerró definitivamente dos de los procesos penales más emblemáticos contra el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Primero confirmó que no enfrentará juicio por el caso Odebrecht y, posteriormente, dejó firme el cierre del caso Construcción y Corrupción al rechazar los recursos planteados por el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
En ambas resoluciones coincidieron los votos de los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, quienes respaldaron las decisiones emitidas previamente por el Juzgado de Mayor Riesgo D, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo y la Corte Suprema de Justicia.
Expedientes marcaron una época en la lucha contra la corrupción
Los dos expedientes marcaron una época en la lucha contra la corrupción en Guatemala. El caso Odebrecht investigó el presunto pago de sobornos millonarios para la adjudicación de contratos de infraestructura, mientras que Construcción y Corrupción señalaba una supuesta estructura de cobro de comisiones ilegales a empresas a cambio de contratos de obra pública durante la administración del Partido Patriota.
Con estas resoluciones, Sinibaldi queda fuera de dos procesos que durante años fueron considerados entre los casos de mayor impacto impulsados por las fiscalías anticorrupción. El MP y la PGN agotaron los recursos legales para intentar revertir los sobreseimientos, pero la CC concluyó que las instancias inferiores actuaron conforme a derecho.
Percepción de impunidad vuelve a ganar
El cierre de ambos expedientes vuelve a poner sobre la mesa un debate que trasciende a un solo acusado. La discusión gira ahora en torno al rumbo de la justicia guatemalteca y a la capacidad del Estado para llevar hasta juicio investigaciones complejas de corrupción.
Las resoluciones son definitivas y forman parte del ejercicio de las facultades de la Corte. Sin embargo, también alimentan un debate público inevitable: cuando dos de los casos más emblemáticos concluyen sin llegar a juicio para uno de sus principales señalados, la percepción de impunidad vuelve a ganar espacio en una ciudadanía que durante años esperó respuestas de los tribunales.
Más allá del desenlace jurídico, el mensaje que recibe la población es que dos investigaciones que simbolizaron el combate a la corrupción ya no tendrán un juicio contra Alejandro Sinibaldi. Ese hecho, por sí solo, explica por qué las decisiones de la CC vuelven a quedar bajo el escrutinio público.