En medio de un panorama de creciente indignación y desconfianza en el sistema de justicia, el nombre del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se posiciona en el centro de controversia y cuestionamientos. La figura del exfuncionario guatemalteco está envuelta en diversos escándalos de corrupción a lo largo de los años, siendo los casos Odebrecht y Bantrab-Arca, cuyas investigaciones en su contra fueron archivadas.
A pesar de las contundentes pruebas y denuncias en su contra, Sinibaldi ha visto cómo resoluciones favorables cierran las investigaciones en su contra, dejando abiertos interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial en la lucha contra la corrupción. En este artículo, exploraremos los detalles de estos casos y el panorama de impunidad que amenaza con nublar la justicia en Guatemala.
Caso Odebrecht
El jueves, 20 de julio de 2023, el juez de Mayor Riesgo «D», Juan José Jiménez, tomó una decisión controvertida al dictar sobreseimiento a favor del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en el caso conocido como Odebrecht.
Con esta resolución, Sinibaldi quedará libre de enfrentar juicio y se exime de uno de los tres casos en los que estaba implicado. Sin embargo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) presentó una apelación ante el Juzgado de Mayor Riesgo «D».
«La Fiscalía no comparte el criterio del órgano jurisdiccional y cuenta con suficientes medios de investigación para que se proceda con la apertura a juicio, considerando su posible participación en los delitos de lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo», declaró el MP.
Curruchiche solicitó eliminar pruebas contra Sinibaldi
El exministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), enfrentaba acusaciones por lavado de dinero y cohecho pasivo, relacionadas con la presunta recepción de US $18 millones en sobornos de la firma Odebrecht entre 2011 y 2013, a cambio de favorecerlos con contratos.
Sin embargo, la acusación en su contra también fue desestimada debido a la solicitud del fiscal Rafael Curruchiche, quien en junio de 2022 pidió anular los testimonios de dos directivos brasileños que señalaban al exministro por recibir sobornos.
Es importante señalar que Curruchiche fue sancionado en 2022 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, acusado de socavar investigaciones de corrupción. La situación ha generado gran controversia y cuestionamientos sobre la integridad del proceso judicial.
Lea más del tema: Caso Odebrecht: MP actúa como defensa de Alejandro Sinibaldi.
Anulan sentencia contra allegados a Sinibaldi
El 13 de abril de 2023, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló la sentencia dictada en contra de tres allegados al exministro de Comunicaciones, quienes habían sido condenado a prisión por estar implicados en el caso Odebrecht, una trama de corrupción que salpica a altos exfuncionarios de varios gobiernos de la región.
La Sala benefició a Jorge Antillón Klüssmann, Juan Manuel Molina Coronado y Juan Ignacio Florido, al considerar que hubo vicios durante el juicio efectuado por el Tribunal de Mayor Riesgo A en julio de 2019, por lo que ordenó la repetición del debate.
El 22 de julio de 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó por unanimidad a Molina Coronado y a Antillón Klüssmann a 14 años de prisión, mientras que a Florido lo sentenció a seis años de cárcel. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Yassmin Barrios, Gelvi Sical y Patricia Bustamante.
Además, el Tribunal recordó que la constructora brasileña Odebrecht firmó el contrato con Guatemala el 13 de diciembre de 2012 para dar mantenimiento y ampliar la carretera CA-2 Occidente. El monto fue de US $384 millones 361 mil 901.65.
También se dijo que Sinibaldi, el presunto líder de la organización criminal, negoció con los directivos de Odebrecht para recibir 7.5 % como soborno del monto total que el Estado pagaría a la empresa por la carretera. La obra se inició el 24 de octubre del 2013 y se extendió hasta el 2016, cuando se conoció el caso.
El avance fue de 54 %, y para recibir los sobornos, Sinibaldi ordenó a los acusados que firmaran por la apertura de cuentas de entidades fuera de plaza en Antigua y Barbuda.
Odebrecht hizo transferencias a las cuentas, cuyos representantes son los condenados, por US $17.9 millones, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Sinibaldi en la política
Entre 2009 y 2015, Alejandro Sinibaldi fue uno de los hombres fuertes de la política guatemalteca y, según testimonios judiciales, habría manejado más de US $25 millones en sobornos.
En agosto de 2020, el exministro de Comunicaciones se entregó a las autoridades tras cuatro años como fugitivo y enfrenta acusaciones de corrupción en otros casos, incluido el conocido como «Cooptación del Estado», donde se detalla un millonario desfalco estatal durante el Gobierno de Pérez Molina.
El 22 de julio de 2019, un tribunal condenó a tres personas vinculadas con Sinibaldi y al excandidato presidencial, Manuel Baldizón, quien fue condenado en Estados Unidos, por su participación en el caso Odebrecht, tras su implicación en 2018.
Máxima Corte favorece a Sinibaldi
La resolución que permitió a Alejandro Sinibaldi evitar el juicio en el caso Odebrecht no ha sido la única que lo mantiene a salvo de enfrentar un proceso judicial. Recientemente, la Corte de Constitucionalidad (CC) ratificó la falta de mérito a su favor en el caso Bantrab-Arca, lo que lo exime de ser juzgado por los delitos de lavado de dinero y financiamiento electoral no registrado.
Pese a la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la CC denegó el recurso, manteniendo la decisión del juez Pedro Laynez, quien determinó que el exministro no puede ser procesado penalmente en el caso.
La CC rememoró que en 2022 ya había conocido otro recurso legal relacionado con el mismo hecho por el cual la PGN presentó su reclamo. Es por esta razón que se decidió mantener el mismo criterio y no avalar una investigación contra el exministro por el delito señalado en el caso mencionado.
En octubre de 2019, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval, destapó un desfalco de más de Q26 millones al Banco de los Trabajadores (Bantrab).
De acuerdo con las investigaciones, estos fondos fueron utilizados para financiar la campaña política del extinto Partido Patriota (PP) durante las elecciones de 2011. El dinero fue transferido a la empresa Estrategias e Inversiones Arca, S.A., y también se creó la compañía Avanzando al Progreso, S.A., para captar los fondos que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) como parte del presupuesto de campaña.
A pesar de los desfalcos y las acusaciones de corrupción, las sombras de impunidad que rodean a Sinibaldi siguen sin disiparse.