La detención del periodista Sonny Figueroa, ocurrida la noche del 1 de septiembre en la zona 2 de la capital, no debería analizarse únicamente desde el argumento de una supuesta falta cometida en la vía pública. El caso plantea preguntas más profundas sobre los límites de la actuación policial y las garantías que deben proteger a quienes ejercen el periodismo en Guatemala.
Figueroa, integrante del medio Vox Populi junto con el periodista Marvin del Cid, fue interceptado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) después de finalizar su jornada periodística. Del Cid relató que ambos se encontraban en el parque de Jocotenango cuando los agentes les exigieron sus computadoras y teléfonos y los acusaron de portar drogas. Según su versión, los policías se llevaron una computadora de Figueroa, un teléfono suyo y las bicicletas en las que se movilizaban. También afirmó que, cuando intentó retirarse, una patrulla y una motocicleta policial le bloquearon el paso y uno de los agentes lo amenazó con un arma.
La versión de la PNC
La PNC sostiene una versión distinta. Según el reporte presentado ante el juez, Figueroa fue consignado por una falta, debido a que presuntamente ingería bebidas alcohólicas en la vía pública y habría mostrado resistencia cuando los agentes intentaron identificarlo. Los periodistas rechazan esa versión y aseguran que fueron los policías quienes llegaron a provocarlos.
Aquí aparece uno de los puntos que merecen mayor atención. La propia PNC informó que se trataba de una falta y no de un delito. El artículo 11 de la Constitución establece que las personas cuya identidad pueda establecerse no deben permanecer detenidas por faltas o infracciones a los reglamentos. Por ello, si Figueroa podía ser plenamente identificado, resulta legítimo cuestionar si su detención y permanencia bajo custodia fueron compatibles con esa garantía constitucional.
Periodista enfrentará juicio
El juez de paz penal ordenó que Figueroa enfrentara un juicio de faltas por escándalo en la vía pública y estableció el pago de Q500 como caución para recuperar su libertad. Se trata de un procedimiento distinto a un proceso penal por un delito, pero la diferencia jurídica no elimina las preguntas sobre la forma en que se produjo la intervención policial.
Tampoco se trata de afirmar que un periodista esté por encima de la ley. Si existió una infracción, debe determinarse mediante el procedimiento correspondiente. El problema está en la proporcionalidad de la respuesta y en las circunstancias que rodearon la detención.
Intervención policial
En Guatemala, el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos no es una conducta que parezca generar, en todos los casos, intervenciones policiales de la misma intensidad. Por eso, cuando una actuación de este tipo termina con la detención de un periodista, el retiro de equipo utilizado para su trabajo y señalamientos que los involucrados niegan, el caso merece una revisión seria y transparente.
Además, el contexto no puede ignorarse. Horas antes de la detención, Figueroa y Del Cid habían documentado vehículos de diputados que circulaban sin placas. No se puede afirmar, con la información disponible, que exista una relación entre esa cobertura periodística y la intervención policial. Precisamente por eso resulta necesario esclarecerlo y evitar cualquier sospecha de que el ejercicio del periodismo haya influido en la actuación de los agentes.
Copadeh da seguimiento al caso
La Presidencia informó que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) daba seguimiento al caso y que la Inspectoría General de la PNC revisaría el procedimiento para determinar si se actuó conforme a la ley y respetando los derechos humanos. Esa revisión debe ser algo más que un trámite administrativo: debe establecer qué ocurrió, por qué se produjo la intervención, bajo qué fundamento se retiró el equipo y si los agentes actuaron dentro de los límites que establece la ley.
La libertad de prensa no significa inmunidad frente a la ley. Pero tampoco puede ocurrir lo contrario: que una supuesta falta sea utilizada para normalizar actuaciones policiales desproporcionadas contra periodistas.
El caso de Sonny Figueroa merece respuestas. No solo por él, sino porque cada vez que un periodista es detenido mientras ejerce o acaba de ejercer su trabajo, la pregunta de fondo es la misma: ¿se está aplicando la ley o se está enviando un mensaje de intimidación a quienes investigan y cuestionan al poder?